El organismo fiscalizador detecta contrataciones generalizadas 'a dedo', cobro ilegal de pluses, salarios que incumplen la ley y un desfase presupuestario de 256 millones acumulado a cierre de 2011.
El informe de fiscalización del ejercicio 2011 de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (Epsa), adscrita a la consejería de Fomento que gobierna IU desde 2012, es un compendio perfecto de la arbitrariedad y la pésima gestión del uso del dinero público por parte de los entes que conforman la administración paralela de la Junta de Andalucía. La Epsa, además, es una de las ocho empresas que el juez del caso Invercaria, Juan Gutiérrez, ha decidido investigar en piezas separadas a la de la propia empresa pública Invercaria por los indicios de malversación de caudales públicos.
El documento de la Cámara examina, primero, la adecuación a la ley de las fuentes de financiación y el uso de ese dinero por parte de Epsa y, segundo, su gestión de personal. En el primer aspecto, los auditores detectan un desfase acumulado de 256 millones de euros a cierre de 2011 por la asunción de gastos por encima de los presupuestos asignados a la empresa. Consecuencia de ello es, por ejemplo, el impago de las ayudas al alquiler a miles de familias andaluzas desde hace años y el cierre de decenas de agencias de alquiler por el mismo motivo.
El informe señala, aparte de recordar que comprometer más gasto del presupuestado incumple la ley: "La concesión de subvenciones por encima de los créditos aprobados en el presupuesto para este fin, supone comprometer a la Administración para responder ante terceros de compromisos de gastos que han sido adquiridos sin la necesaria disponibilidad presupuestaria".
También resulta llamativo que Epsa endosaba facturas trimestrales a la consejería de Vivienda incluyendo el coste de los servicios cuya gestión tenía delegados, un coste estándar del 6 por ciento por gastos de gestión, y el IVA. La Cámara señala que ese IVA está indebidamente pagado conforme a la ley y que Epsa debe pedir a la consejería (hoy, Fomento) el reintegro de al menos 10,6 millones de euros correspondientes al periodo 2008-2011.
También pide -como la propia consejería ya ha venido haciendo en 2012 y 2013- que Fomento utilice otras vías diferentes a las transferencias de financiación y de capital para respaldar las labores que tiene delegadas Epsa. Esas vías de financiación evitan la fiscalización previa del gasto, justo lo que investiga el juez. Si se usara la encomienda de gestión, como propone la Cámara, se evitaría esa situación.
Ya en 2013 -en el apartado de Hechos posteriores a la conclusión del informe-, la Cámara constata que un crédito presupuestario de 50 millones para Subvenciones de capital destinadas a familias e instituciones sin fines de lucro se ha destinado, sin embargo, al pago de intereses de la deuda financiera que mantiene la empresa y a cumplir otros compromisos y obligaciones de pago por proyectos ya iniciados.
Viabilidad en cuestión
En cuanto a su análisis general de la situación económica de Epsa, la Cámara señala que la obtención de beneficios a final de año no es lo suficientemente descriptiva de su realidad financiera. Analiza por ello el flujo de efectivo de las actividades que realiza Epsa, que muestra un resultado negativo de 105 millones en 2011, de 146 millones en 2010 y otros 91 millones en 2009.
La crisis de tesorería que atraviesa la Junta de Andalucía y que derivó en menores transferencias, unida a la caída de la actividad propia de la empresa de promoción y comercialización de activos inmobiliarios, ha llevado a Epsa a tener que recurrir a endeudamiento para obtener recursos y seguir desarrollando los programas que gestiona por encargo de la consejería de Fomento. La Cámara cree además que ese flujo de efectivo negativo continuado debe llevar a la empresa a reestructurar su plantilla, reducir endeudamiento y aumentar su cifra de negocio para garantizar su viabilidad futura. No obstante, constata que en 2012 se habría invertido la tendencia lográndose un flujo positivo de 11,1 millones.
La opinión de la Cámara y sus dudas respecto a la viabilidad futura de Epsa no se recogen en el informe de auditoría de las cuentas de 2012, que no contiene salvedades. No obstante, estos audotires privados de KPMG sí señalan que hay a cierre del pasado año 350 millones en derechos de cobro pendiente de abonarse por la consejería a Epsa, en fecha por determinar. "Una demora significativa en el plazo de cobro que no viniera acompañada de un aplazamiento en los vencimientos de las deudas con entidades de crédito, podría tener impacto en la capacidad de Epsa de atender los pasivos exigibles en los plazos previstos".
Ilegalidades laborales
Con respecto a la plantilla, que a cierre de 2012 es de 700 empleados, el informe señala: "La caída de la actividad de la empresa y de la cifra de negocios durante los últimos ejercicios contrasta con el mantenimiento del mismo número de empleados, según los datos de plantilla
media facilitados por la empresa. La eficiencia medida en términos de gestión en euros por persona ha venido disminuyendo sustancialmente desde el ejercicio 2008". Por ello, la Cámara insta al ente -como han hecho todas las empresas privadas dedicadas al sector del ladrillo desde hace un lustro- a adecuar su plantilla al nivel de actividad.
Enumera además ilegalidades ya detectadas en la mayoría de entes públicos fiscalizados en los últimos años:
- tanto en los expedientes de personal de alta dirección, como en los de directivos intermedios, no consta que su designación se haya realizado mediante procedimiento que garanticen la publicidad y concurrencia. Tampoco se ha podido determinar si su designación se ha realizado atendiendo a los principios de mérito, capacidad e idoneidad. El pasado 12 de abril, la empresa aprobó que la provisión de estos puestos de trabajo se hará siguiendo los criterios citados, que son los que recoge el Estatuto del Empleado Público y la propia ley de la Administración de la Junta de Andalucía.
- En relación con los expedientes analizados correspondientes al personal con contrato indefinido ordinario, que provienen de la aplicación del acuerdo de estabilidad de 22 de mayo de 2009, se ha podido comprobar que, para la conversión de los contratos en indefinidos, no consta la realización de los procesos de selección que garanticen los principios constitucionales.
- Epsa carece de ningún funcionario en plantilla, que es el personal legalmente habilitado y con las potestades administrativas para la concesión de subvenciones, como hace la Epsa. En abril y mayo pasados se publicaron resoluciones para solventar esta ilegalidad, también detectada en muchos otros entes instrumentales de la Junta.
- Hay seis directivos que cobran más que la presidenta de la Junta en 2011, oscilando sus salarios entre 69.248 euros y 71.530 euros. Esto incumple la ley de Presupuestos de 2010.
- Un total de 8 trabajadores con contrato de alta dirección y/o directivo intermedio habían percibido conceptos retributivos de indemnización por traslado entre octubre de 2003 y noviembre de 2012 que no les resultaban de aplicación según la normativa aplicable. Todos los
trabajadores afectados por este hecho habían causado baja en la empresa a la fecha derealización de los trabajos de campo. Se ha comprobado el inicio de reclamación de las cantidades abonadas que no se encuentran prescritas.
En algunas de estas situaciones -así como en otras de las descritas en su análisis del origen y uso del dinero público por parte de Epsa-, la Cámara aprecia indicios de responsabilidades contables por los gestores. El informe se remitirá al Tribunal de Cuentas estatal, cuya fiscalía determinará si archiva el caso, abre procedimiento en el ámbito administrativo o lo lleva a la justicia ordinaria.
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