PwC releva a su director en Andalucía, imputado en este caso y en Invercaria.
Comisiones Obreras presentó ayer públicamente, tras dos años y medio de elaboración, el informe interno sobre su papel en los ERE fraudulentos de Andalucía. El documento de 44 páginas exculpa al sindicato de haber participado en la trama criminal, como la definió la Guardia Civil, para defraudar al menos 140 millones de los 720 millones de fondos públicos usados entre 2001 y 2010. Y, en relación a la acusación del Instituto Armado, respaldada por la juez Mercedes Alaya en numerosos autos, de que esta central cobró 4,2 millones de euros de los 50 millones en sobrecomisiones, CCOO acusa al cuerpo policial y la magistrada de falsedad y de poco rigor.
Y ello porque, según el informe, Comisiones sólo tuvo alguna participación en 21 de los 144 ERE que están siendo investigados. El 15 por ciento. Y porque ese dinero al que se refiere la Guardia Civil procede de la intervención de CCOO en ERE de toda España, no sólo en Andalucía. Lo que no concreta el sindicato, que ayer fue consultado sin éxito por este diario, es qué cantidad fue entonces la que percibió en Andalucía.
También rechaza el documento el cobro de comisiones, y niega que se puedan denominar así los pagos que recibió por sus labores de asesoramiento laboral, legal y fiscal a los trabajadores. En cuanto al porcentaje de esas facturas respecto al coste total de los expedientes, asegura que representaron entre el 0,5 y el 1 por ciento, a tenor de los datos recabados de las distintas federaciones que emitieron esas facturas. Se desmarca así de las acusaciones de Guardia Civil y juez contra las mediadoras -Uniter y Vitalia- que llegaron a imponer comisiones de hasta el 20 por ciento del coste de esos ERE.
Sí reconoce, no obstante, el sindicato que ha existido "desorden organizativo o ausencia de documentación específica sobre las actividades efectivamente realizadas" por CCOO en esos ERE. Y recomienda a futuro que no se facturen esos servicios a través de mediadoras o aseguradoras, sino directamente a las empresas; y si esto último no fuera posible, que se asuman por el sindicato, sin cargarlas a fondos públicos.
Defensas
En cuanto a la decena de cargos y exaltos cargos imputados o acusados en el sumario, Ignacio Fernández Toxo, secretario general, aseguró ayer en la presentación del informe en Madrid que Comisiones defenderá a cinco. De los otros cinco, hay dos a los que ha abierto un expediente sancionador.
No obstante, el informe justifica sorprendentemente que el sindicato pidiera que un trabajador afiliado que no pudo ser incluido en el ERE de su empresa acabara incluido en otro de una empresa en la que nunca trabajó, tras pedir el sindicato a la Junta una solución específica. Francisco Carbonero, secretario de CCOO Andalucía, señaló que no se pueden hacer responsables de las "chapuzas" que hizo la consejería de Empleo.
Una derivada relevante del caso ha sido la salida de la dirección de PwC en Andalucía de Jacinto Cañete, exdirector de la agencia Idea, ente pagador de los ERE. Cañete está imputado en este caso y en Invercaria. Su sustituto es un directivo de PwC: Luis Fernández.
Los sindicatos sus altos cargos y familiares cobraron 22 millones de los ERE
