La investigación de la inversión de Invercaria en Fiva, una de las 40 bajo la lupa judicial, deriva en la imputación de todo el consejo de administración de la sociedad. Entre ellos está el actual director de PwC en Andalucía, Jacinto Cañete, ya imputado en los ERE.
El caso Invercaria se complica y se agrava radicalmente tras las últimas decisiones del juez que investiga los hechos en torno a esta empresa de capital riesgo de la Junta de Andalucía. Tras la imputación de dos de los tres expresidentes de la entidad -Laura Gómiz y Tomás Pérez Sauquillo-, de la previsible imputación del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, y de otros trabajadores de la empresa y empresarios -entre ellos el presidente de Novasoft, Francisco Barrionuevo- dentro de las pesquisas en torno a la inversión de 1,7 millones de euros realizada en la empresa inexistente Fiva, ahora el juez Juan Gutiérrez ha ampliado el campo de la investigación. Y lo hace por múltiples vías, tras aceptar varias peticiones de la fiscalía de Sevilla.
En primer lugar, lo más relevante es la petición que hace el juez a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para que técnicos de este ente -en concreto especialistas en Instrumentos de Inversión Colectiva y de Entidades de Capital Riesgo- emitan un informe "sobre la justificación técnica e irregularidades y deficiencias, en su caso, de cada una de las operaciones de entrada en el capital [de empresas] y concesión de préstamos con fondos propios de Invercaria, así como de la operativa como entidad de capital riesgo" de la empresa.
En el caso Fiva, Invercaria uso tanto préstamos como inversión en capital de la sociedad. Invercaria manejó alrededor de 60 millones de euros entre 2006 y 2012, de los que 35 millones se consideran fondos propios. El PP, personado en el caso como acusación, siempre ha denunciado que en el uso opaco y sin control de esos fondos propios es donde se han producido las irregularidades y la presunta malversación de fondos públicos. Fiva fue un proyecto de empresa para hacer ferias empresariales virtuales, que impulsó directamente Invercaria, no se realizó a propuesta de empresarios. El citado exconsejero Vallejo fue uno de sus impulsores directos, de hecho.
Altos cargos imputados
Segundo, y debido a que "de forma indiciaria y provisional, los consejeros de Invercaria tuvieron conocimiento y participación en las decisiones de realizar las operaciones de inversión" en Fiva, imputa a los miembros del consejo de Invercaria entre 2006 y 2009 que aún no lo estaban. Estos son Isabel de Haro, exalto cargo de la agencia Idea (propietaria del 100 por cien de Invercaria) y persona con enorme poder interno en todas las decisiones de inversión en empresas del conjunto de la consejería de Innovación, pues fue directora general de Política Industrial; Ramón Martín López, exdirector general de Caja Granada y subdirector general de BMN entre febrero de 2011 y noviembre de 2012; Jacinto Cañete, director de PwC en Andalucía, ya imputado en el caso ERE por su papel como director general de la propia agencia Idea; y otros altos cargos como Bienvenido Martínez y Juan Vela.
En relación precisamente a PwC, el juez solicita que la empresa identifique a los miembros del equipo de auditoría que hizo los informes de auditoría y los de control interno entre 2006 y 2011. Y avanza que se les llamará como testigos.
También critica a Invercaria por no aportar determinados documentos que ahora han salido a la luz -correos electrónicos entre Gómiz y un subordinado, Cristóbal Cantos, que ha sido clave para que se investigue a Invercaria junto a un informe de la Cámara de Cuentas sobre su ejercicio 2009-. Pide a la empresa pública que explique por qué no los entregó en su momento.
Por otro lado, y derivado de la identificación en el citado informe de la Cámara de mochileros -personas que eran pagadas por Invercaria pero trabajaban en otros departamentos de la consejería de Innovación, especialmente el Observatorio para la Innovación-, el magistrado pide que la secretaría general de la consejería de Economía aclare ahora quiénes trabajaron en ese observatorio y por quién fueron contratados.
En relación a la política de personal de Invercaria, también pide que la empresa aporte a la Policía (al grupo de Blanqueo de Capitales) todos los finiquitos e indemnizaciones pagados por la empresa desde su creación. Entre ellos están los de dos de los tres expresidentes, el citado Pérez Sauquillo, pero también el de Juan María González, sobrino de Felipe González que presidió la empresa unos meses entre marzo y julio de 2010.
El juez abre la puerta a la imputación del exconsejero Vallejo en Invercaria
