La que será primera mujer presidenta de Andalucía descarta elevar la presión fiscal, aunque hará más progresivos los impuestos autonómicos, y se declara "aliada" de los empresarios que vengan a invertir.
Susana Díaz esbozó ayer las prioridades de su futuro Gobierno para los dos años y medio que restan de legislatura en Andalucía, tras la dimisión de José Antonio Griñán que se hizo efectiva a final de agosto en medio del escándalo de corrupción de los ERE, el mayor de la historia de España por el volumen defraudado y el número de imputados. Griñán está señalado indirectamente, al haber sido imputada su antecesora como consejero de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, por la juez instructora, Mercedes Alaya.
La hasta ahora consejera de Presidencia se declaró avergonzada por la corrupción y aseguró que la combatirá con todas sus fuerzas desde la Junta. No citó, como le reprochó el PP, ni el caso ERE ni el de Invercaria, exponentes del saqueo de fondos públicos vivido en el seno del Gobierno regional en la última década y media. Aseguró que en ese combate reforzará la labor de la Cámara de Cuentas de Andalucía, propondrá la prohibición de que los partidos políticos reciban donaciones anónimas, e impulsará un acuerdo político para que los cónyuges o parejas de todos los altos cargos de Andalucía (no especificó si de la Junta o de todas las administraciones) presenten también sus declaraciones de renta, bienes y actividades al inicio y al final de sus mandatos.
Sorprendió no sólo por los claros mensajes de apoyo al sector privado "fuerte" que necesita Andalucía -al tiempo que también un Gobierno fuerte, señaló a renglón seguido- sino porque se comprometió a poner en marcha en lo que resta de año una comisión de expertos independientes que elaboren un informe con medidas para hacer "más eficiente" el sector público instrumental. Lo que se conoce como administración paralela, que su antecesor reordenó mediante una ley en 2011 creando el mayor conflicto, judicial y político, con los funcionarios de la Junta en la historia de la autonomía andaluza.
No obstante, aunque la futura presidenta aseguró que las conclusiones de ese grupo se conocerán en 2014, no se comprometió a aplicarlas ni dio plazos para tomar medidas sobre un entramado de decenas de observatorios, fundaciones, consorcios, empresas y agencias que emplea a unas 25.000 personas y absorbe casi 4.000 millones de euros al año.
De hecho, en otras partes de su discurso en las que hizo sendos guiños a sus socios de IU apuntó a la creación de otros dos entes públicos. Y a todo ello se suma la puesta en marcha de otro más como consecuencia de la puesta en marcha de la Ley de Transparencia que ella ha impulsado como consejera y que prevé la creación de otra agencia pública. A IU le concedió que habrá que crear un instituto público de crédito -para lo cual un grupo de trabajo en el Parlamento ha debatido sobre su organización y funciones los últimos meses- y un Observatorio de Tierras -la coalición de izquierdas apuesta por un banco de tierras que ponga en valor las en torno a 22.000 hectáreas de terrenos públicos que la Junta heredó de la fallida reforma agraria puesta en marcha en los ochenta y que ha intentado vender sin éxito en los últimos años-.
Visión económica
También en materia económica, Díaz se comprometió a una "reorientación integral de la política de incentivos" para acabar con las inercias. Tanto la citada Invercaria, como la agencia Idea que está en el epicentro del caso de los ERE, forman parte de la actual estructura de entes que canaliza el apoyo económico de la Junta al sector empresarial. Ambos se dan por amortizados al estar siendo investigados judicial y policialmente.
Aseguró además que no va a elevar más la presión fiscal, tras las reiteradas subidas de los impuestos propios -y la creación de algunos nuevos tributos- puestas en marcha por su antecesor. Aunque sí advirtió de que hará más progresiva su aplicación.
También se dirigió a los empresarios, a los que aseguró que encontrarán en la Junta "a un aliado para invertir, internacionalizar e innovar". "Soy bien consciente de que hay que crear riqueza para repartirla. Y soy bien consciente, igualmente, de que el grueso del empleo lo crean las empresas, el tejido productivo andaluz, sobre el que ha de pivotar el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo", declaró. Recordó que, desde 2008, Andalucía ha perdido el 6,6 por ciento de su PIB y el 20 por ciento de su empleo.
No obstante, aseguró que intentará hacer una política económica que favorezca el crecimiento pero sin abandonar valores éticos. "Una economía más competitiva no exige, en modo alguno, unos ciudadanos más pobres", fue uno de sus eslóganes. Otro de los más aplaudidos fue: "Un Gobierno responsable no puede estar sólo preocupado del Íbex 35", índice en el que no cotiza ninguna empresa andaluza actualmente tras la salida de Abengoa.
En cuanto a los sectores económicos que tiene en mente la presidenta sorprendió que no citara ni la minería, el que más potencial de creación de empleo tiene actualmente en toda la comunidad con proyectos en Huelva, Sevilla y Granada. La propia Díaz presentó hace dos meses el proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar, sin ir más lejos, lo que hace aún más inexplicable su ausencia en el discurso. Ni el petro-químico y energético, que con las aglomeraciones industriales de Algeciras y Huelva está aportando miles de millones a las exportaciones andaluzas y manteniendo decenas de miles de empleos directos e indirectos.
Citó la agroindustria y el turismo, la aeronáutica, la logística y los puertos, las TICs o las energías renovables.
En un terreno más puramente político, amenazó al Gobierno central con el que sería el octavo recurso ante el Tribunal Constitucional contra una ley impulsada desde Madrid, en este caso la Ley de Reforma de las administraciones locales. Del texto dijo que vulnera 15 artículos del Estatuto de Autonomía de Andalucía y que amenaza miles de empleos en la comunidad. A sus compañeros del PSC -al menos, a la facción proindependentista- pareció dirigirse el otro firme pronunciamiento político:
"El Estado vive un desafío soberanista, el protagonizado por el Gobierno de Cataluña, al que no puede responderse desde la pasividad o el inmovilismo. Nuestro rechazo a la ruptura de la unidad de España es palmario. Ni la ruptura ni la vuelta al pasado son soluciones para España ni para ninguna de sus Comunidades".
