El consejero de Justicia, y fiscal, Emilio de Llera, asegura que le "extraña" que la juez del caso ERE no haya imputado a José Antonio Viera, exconsejero de Empleo hasta 2004. La titular de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, le señaló hace un mes como responsable político directo.
El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, quiere que la instrucción del caso de los ERE, el mayor escándalo de corrupción de la historia de Andalucía, deje de realizarse por parte de la juez Mercedes Alaya en Sevilla y pase al Tribunal Supremo. Para ello, dos consejeros de su gobierno han señalado directa e indirectamente en el último mes a José Antonio Viera, diputado socialista en el Congreso desde 2011 y exconsejero de Empleo, como responsable político del escándalo.
De esta manera, el PSOE que Gobierna la Junta no pide su dimisión, sorprendentemente, sino su imputación para que el caso vuele de Sevilla a Madrid. Los dos consejeros, además, se han pronunciado en Canal Sur, la televisión que controla férreamente la Junta y en la que los mensajes políticos están plenamente medidos y planificados desde el propio PSOE, ya que es la consejera de Presidencia, Susana Díaz -líder del PSOE sevillano- quien controla la línea editorial de la cadena pública.
Emilio de Llera, consejero de Justicia, aseguró ayer que le "extraña" que Viera no haya sido aún imputado por Alaya ya que es algo "que está en la calle y en los medios de comunicación". A renglón seguido, y en aparente contradicción con esta idea, aseguró que no por ello le hace responsable de nada. Su compañera en el consejo de Gobierno, Carmen Martínez Aguayo, sí aseguró el pasado 5 de abril también en Canal Sur que tanto Viera como su sucesor en la consejería de Empleo, Antonio Fernández -imputado, encarcelado y en libertad bajo fianza- tienen una indudable responsabilidad política.
Aguayo tuvo que comparecer la semana pasada en el Parlamento para aclarar esas declaraciones a petición del PP. La consejera eludió repetir esa idea, y se amparó en su libertad de expresión para hacer las declaraciones que hizo en Canal Sur.
Por su parte, la juez Alaya prorrogó por sexto mes el secreto de sumario del caso ERE para que la Guardia Civil siga investigando el destino último del dinero defraudado en la gestión de los ERE, que alcanza los 140 millones entre las sobrecomisiones robadas (al menos 50 millones) por intermediarios y comisionistas, el dinero que cobraron en pólizas de prejubilación fraudulentas los trabajadores intrusos (en torno a 17 millones) y las ayudas entregadas sin control ni procedimiento y con absoluta arbitrariedad a ayuntamientos del PSOE y empresas cercanas a este partido, especialmente en la comarca de la Sierra Norte de Sevilla (en torno a 68 millones).
Aguayo comparece tras acusar a Viera y Fernández en los ERE
