Andalucía

Cadena agroalimentaria: año cero

  • En España, a diferencia de Europa, se mantiene la atomización en la producción.

Los proyectos de ley presentados por Agricultura tienen un gran potencial modificador.

El 19 de octubre, el Ministerio de Agricultura elevaba al consejo de ministros dos proyectos de ley que tienen potencial para transformar el panorama de nuestra cadena de distribución agroalimentaria. Desde estas páginas se ha mantenido en diversas ocasiones la necesidad (urgente) de tomar medidas que permitieran reequilibrar el poder en la cadena. El éxito de las empresas de distribución minorista les ha llevado a alcanzar un dominio tal que deja potencialmente desprotegidos a los demás agentes aguas arriba.

La comparación con otros países de nuestro entorno pone de manifiesto que el grado de concentración de las ventas minoristas puede ser incluso más amplio que en España. En algunos países nórdicos, sólo 3 cadenas se reparten en torno al 80 por ciento de las ventas. Al mismo tiempo, es precisamente en esos países en los que el movimiento cooperativo agroalimentario ha generado sus especímenes más desarrollados. Se diría que el propio crecimiento de los minoristas ha provocado la reacción en el otro extremo de la cadena.

En España, sin embargo, el panorama es de una concentración creciente de la distribución, que ya ha alcanzado tamaños impresionantes, al tiempo que se mantiene la atomización del resto de los miembros de la cadena, particularmente en el primer eslabón. El informe que en 2011 presento la Comisión Nacional de la Competencia señalaba algunas deficiencias en el funcionamiento de esta cadena e identificaba comportamientos abusivos por parte de la distribución. Fue, posiblemente, la gota que colmó el vaso.

Los objetivos de los dos proyectos de ley son claros. La Ley de fomento de la integración cooperativa busca aumentar el tamaño y la modernización de los agentes del principio de la cadena, mientras que la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena agroalimentaria persigue reequilibrar el funcionamiento de la misma, haciéndola más eficaz y, sobre todo, más transparente. A nadie se le puede escapar la clara relación entre ambas.

La discusión sobre las herramientas de una y otra ley las dejaremos para un momento posterior. Valga ahora insistir en el potencial modificador que estos dos proyectos de ley suponen (siempre que logren sus objetivos) y la constatación de que el Ministerio de Agricultura ha vuelto y está decidido a que se note. Y uno, que aún cree en el poder transformador de las leyes y de las instituciones, se alegra de lo uno y de lo otro.

comentariosWhatsAppWhatsAppFacebookFacebookTwitterTwitterLinkedinlinkedin
FacebookTwitterlinkedin