La Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía se ha visto obligada este año a explicitar en su orden del cierre del ejercicio presupuestario que todas las facturas pendientes deben de quedar recogidas con sus correspondientes compromisos de pago, se vayan a ejecutar éstos en lo que resta de año o en 2013.
De esta forma, se evitará el caos del año anterior cuando el cierre se anticipó un mes (el ejercicio de 2011 tuvo once meses a efectos contables) para evitar mostrar más déficit y deuda con proveedores.
Dos son las novedades principales que muestran el proceder más racional de la Junta este año: primero, que se obligue por primera vez citándolos expresamente a que todos los estratos de la Junta, incluyendo la administración paralela de agencias y entes instrumentales, han de inscribir todos sus compromisos pendientes. Y, segundo, las citadas "medidas para garantizar las operaciones de traspaso con el objeto de preservar los créditos para hacer frente a los compromisos ya adquiridos" en 2012 durante el año próximo.
Para 2013, una vez que queda claro que la Junta sobrevivirá financieramente gracias a las transferencias del Estado vía Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) ante su imposibilidad para colocar deuda (Moody's situó ayer a Andalucía al nivel de bono basura), el Gobierno andaluz ya no tiene problema en reconocer toda su deuda, ya que no serán los fondos que consiga los que respondan de ella, sino los del Estado. Se da la peculiaridad además de que el ejercicio cerrado a 31 de diciembre tendrá trece meses, los doce de este año y el de diciembre que quedó en el limbo el pasado.
De ahí que el volumen de facturas pendientes sea finalmente muy elevado. La Junta pidió 2.700 millones al mecanismo para el pago a proveedores y quiere destinar una cifra muy importante del FLA a este fin -en torno a 1.500 millones de los 2.115 que recibirá en una primera fase sobre los 4.906 solicitados en total-.
Con respecto a la parte de deuda con proveedores que pueda proceder, por primer vez de forma desglosada, de la denominada administración paralela, la Junta viene insistiendo como argumento con el que responder a las insistentes llamadas a la racionalización del sector público de las últimas semanas que su endeudamiento total representa sólo el 0,5 por ciento del PIB. Lo que equivale, según las últimas cifras del Banco de España a junio, a 688 millones, un 3,6 por ciento más que doce meses antes. La Junta recuerda que la deuda del sector público empresarial de las comunidades autónomas es del 1,2 por ciento del PIB de media, siete décimas más que en Andalucía.
Además, la Consejería de Hacienda faculta a la Intervención General de la Junta a que traspase a la Tesorería de la administración andaluza los posibles remanentes de tesorería de las agencias y entes instrumentales una vez cerrado el ejercicio. Lo que da idea de las necesidades de liquidez acuciantes de la Junta. En caso contrario, si las obligaciones de estos entes no pueden asumirse a cierre de año, Hacienda advierte de que efectuará desde inicio de 2013 retenciones de crédito por los importes pendientes de pago.
Por su parte, las facturas pendientes del Servicio Andaluz de Salud "que no hayan sido propuestas para su pago en el ejercicio 2012" se permite que se traspasen excepcionalmente a 2013; y se somete a la aprobación de la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, el abono de las pendientes de años anteriores.
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