Cospedal dice a Griñán que pida dinero al FLA y no anticipos a cuenta.
El Gobierno andaluz autorizó ayer a sus servicios jurídicos a interponer el que será el tercer recurso de inconstitucionalidad contra una medida del Ejecutivo central de Mariano Rajoy desde que PSOE e IU comenzaron a gobernar Andalucía hace cinco meses. Tras presentar dos recursos en junio y julio contra las medidas de ahorro de gasto en el sistema sanitario y educativo, respectivamente, aprobadas por el Gobierno central mediante real decreto, la Junta que dirige José Antonio Griñán ha decidido seguir el mismo camino frente a otro real decreto que liberaliza los horarios de apertura de los comercios en todo el país y que se aprobó en julio.
En concreto, Andalucía recurre tres artículos del real decreto referidos a la liberalización de los horarios comerciales -que eleva a 90 horas el tiempo de apertura de los comercios en días laborables, y a entre 10 y 16 los domingos en los que estará permitido abrir, aunque si la autonomía no regula sobre esa base se deja libertad plena a los comercios-. Y a la fijación de nuevas reglas para que los empleados públicos disfruten de vacaciones y permisos. En ambos casos, además de oponerse al contenido de fondo de los artículos, la Junta critica que se invaden competencias propias.
Por su parte, la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, se refirió en rueda de prensa en Sevilla donde se reunió con el presidente del partido en Andalucía, Juan Ignacio Zoido, a la situación financiera de la Junta. Sobre la petición de un anticipo de mil millones realizada al Ministerio de Hacienda a cuenta de su participación en los ingresos del Estado, Cospedal recondujo la respuesta hacia la posibilidad de que Andalucía se acoja al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) de 18.000 millones que ultima el Gobierno central. "El Gobierno va a tratar por igual a todas las comunidades que se acojan a este fondo siempre que se responsabilicen con cumplir el objetivo de déficit", señaló la dirigente popular.
Griñán pide ahora un anticipo de mil millones para pagar nóminas y bonos patrióticos