La Junta de Andalucía ha pasado, en dos meses, de presumir de ser una de las pocas autonomías que aún tenía acceso a los mercados financieros a dar el primer paso para su rescate tras fracasar su negociación con un pool de bancos para lograr 800 millones.
La Junta de Andalucía ha solicitado un anticipo de mil millones de euros al Ministerio de Hacienda a cuenta de su participación en los ingresos del Estado por impuestos. La consejera de Presidencia, Susana Díaz, ha explicado que la comunidad necesita liquidez "para hacer frente a los compromisos" que tiene con "colectivos que esperan que esa liquidez sea real para que se produzcan los pagos que les están preocupando".
Andalucía ya ha recibido 555 millones entre junio y julio pasados de la línea ICO Vencimiento (agotada) puesta en marcha por el gobierno central para que las autonomías hicieran frente a sus compromisos financieros. Pese a ello, el Gobierno andaluz recriminó al central que dificultara a las autonomías que aún tenían acceso a los mercados -como supuestamente lo era Andalucía- la obtención de créditos. La Junta negoció un crédito de 800 millones con un pool bancario, como adelantó elEconomista durante el mes de julio y agosto, pero ha fracasado.
Díaz recordó que otras comunidades como Valencia también han solicitado anticipos por ese concepto, en concreto 300 millones de euros en junio, aseguró. Por ello, la consejera negó en todo momento que la petición andaluz de liquidez al Estado pueda interpretarse como un rescate y criticó la "indefinición" que rodea al Fondo de Liquidez Autonómica, que está dotado con 18.000 millones y al que ya han pedido acogerse Cataluña, Valencia y Murcia.
"El FLA no se puede convertir en una carrera ni en una subasta, y no puede ser a ver quién llega antes o cuidado con quién se queda el último", ha indicado la consejera, para quien debe ser un instrumento que "facilite la liquidez a las comunidades" ante la imposibilidad de que lo haga el sistema financiero.
No obstante, este mes de septiembre vence la primera de las dos emisiones realizadas hasta ahora de los denominados bonos patrióticos, que se cerró hace un año por importe de 600 millones. Además, la argumentación de la Junta de que se va a hacer frente a pagos pendientes choca con la reciente ejecución del plan de pago a proveedores, el pasado mes de junio, en el que Andalucía solicitó 2.700 millones. Mientras, la Junta tiene que soportar mensualmente las nóminas de sus más de 260.000 empleados.
Pese a esta medida, hay decenas de colectivos empresariales, así como ciudadanos, que sufren enormes retrasos e impagos de la administración autonómica. Tal es el caso de los constructores (que han reclamado por vía administrativa 70 millones a la consejería de Hacienda), proveedores sanitarios o empresas de formación, entre otros.
Hacienda vuelve a rescatar a Andalucía con 55 millones del ICO
