La multinacional estadounidense ha ganado la reclamación patrimonial interpuesta ante la consejería de Economía en marzo pasado. El PP exige la asunción de responsabilidades por el pirateo institucionalizado.
Pirateo institucionalizado de software desde la administración pública española, continuado pero, finalmente, no impune. Es el resumen de la reclamación por responsabilidad patrimonial de 12 millones de euros interpuesta por Microsoft el pasado mes de marzo contra la Junta de Andalucía por el uso ilegal de sus programas durante los últimos cinco años.
Tras hacer una investigación interna y solicitar informe al consejo consultivo andaluz, el ejecutivo regional ha reconocido que ha pirateado el software del gigante estadounidense y que la indemnización de 12 millones de euros solicitada por la compañía es una cantidad correcta, aunque en función de la modalidad de contrato que hubiera tenido que firmar con el proveedor, el monto podría ascender a 27,8 millones.
El PP andaluz criticó ayer al Gobierno por permitir de manera continuada el uso fraudulento de programas y se preguntó quién se hace responsable del pago de los 12 millones y cuántos pagos pendientes podrían solventarse con ellos.
