El pacto de Gobierno suscrito por el PSOE-IU para los próximos cuatro años es la hoja de ruta que, si el recrudecimiento de la crisis no se cruza por medio, guiará la acción política de la Junta hasta 2016
Será el primer ejecutivo de coalición de izquierdas en tres décadas de historia autonómica y la importancia que el sector público tiene en la comunidad -de hecho, los más de 29.000 millones del presupuesto andaluz para este año, tras el recorte de 2.700 millones ya anunciado, representan casi un quinto del PIB regional- hace necesario mirar con lupa su acción y desempeño para atisbar por dónde irá el futuro de la comunidad.
De momento, esta semana se producirá la investidura de José Antonio Griñán y se conocerá el nuevo Gobierno, que tendrá un máximo de once consejerías respecto a las 13 del anterior, de las que tres más una vicepresidencia serán para IU.
El documento de Gobierno
El documento programático suscrito entre ambas formaciones, de 75 páginas, tiene algunas curiosidades relevantes, así como concreciones significativas en lo que a medidas económicas se refiere. En cuanto a lo primero, sobresale que la palabra "privado" sólo aparece dos veces en todo el texto; y "emprendedor" en cinco, aunque en la mayoría de ellas no para anunciar medidas concretas sino para definir las dificultades del colectivo y para fomentar la cultura emprendedora en la escuela.
Corrupción
Aunque en lo que más se insiste es en la necesidad de crear empleo. El 33,1 por ciento de tasa de paro que arrojó la EPA del primer trimestre del año pesa como una losa. Y las perspectivas para el resto del año no son buenas, entre otros motivos -como señalan los expertos de Analistas Económicos de Andalucía-, por el necesario ajuste del gasto público para cumplir el 1,5 por ciento de límite de déficit público en 2012.
Lo cierto es que en 1982, cuando el PSOE ganó las primeras elecciones autonómicas, la tasa de paro era del 20 por ciento y pese a su bajada en la época del boom, hoy se acerca más bien al registro histórico más alto: el 34,9 por ciento del último trimestre de 1994. El desempleo sigue siendo así, treinta años después de ininterrumpidos gobiernos socialistas, la gran asignatura pendiente d la comunidad.
En medio de la necesidad de reducir el desempleo, y como elemento colateral de enorme trascendencia política desde la anterior legislatura, está el escándalo de los ERE y las ayudas a empresas fraudulentos y entregados desde la consejería de Empleo. Este departamento, que debería de haber sido el estandarte en la lucha contra el paro se ha revelado como el estandarte de la corrupción. El encarcelamiento del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, del exdirector general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, y la imputación de los dos sucesores de este último incluido el director general bajo mandato e Griñán, oscurecen aún más las perspectivas para el actual ejecutivo. La juez Mercedes Alaya que investiga el caso ha apuntado, tanto en los interrogatorios a los dos exaltos cargos encarcelados como en sus autos de envío a prisión a la responsabilidad de sus superiores jerárquicos y de sus compañeros de Gobierno durante el periodo en el que se cometió el fraude de al menos 700 millones de euros: de 2001 a 2010, es decir, durante los tres últimos gobiernos de Manuel Chaves -en dos de los cuales, desde 2004, Griñán fue consejero de Economía- y el primero del propio Griñán.
Consecuencias judiciales y políticas
La evolución judicial de este caso no sólo afecta a exconsejeros y hoy diputados en el Congreso como Chaves, Gaspar Zarrías -su exnúmero 2- o José Antonio Viera, antecesor de Fernández en Empleo y que cofirmó con él el convenio que regulaba el uso fraudulento del dinero público-, sino que el propio Griñán está en la picota. Los efectos sobre el Ejecutivo del avance de las investigaciones son por tanto impredecibles, lo que añade un elemento de incertidumbe nada adecuado en un momento que precisa de la máxima estabilidad política para afrontar la crisis.
Finanzas y fiscalidad
Más allá de los ERE, y repasando el contenido del pacto de Gobierno, en cuanto a medidas fiscales, y tras los cambios ya aprobados a final de 2011 como acompañamiento a los presupuestos de la Junta para este año, lo más destacado es que se anuncia la creación de un gravamen permanente sobre la riqueza, a través de una reforma del impuesto de patrimonio. También se pretende reformar el impuesto de sucesiones y donaciones y promover mayor equidad en el impuesto de sociedades.
Comportamientos ejemplares
También como respuesta a la corrupción, se anuncia la aprobación de un estatuto de altos cargos con rango de ley por el que todos los altos cargos de la Junta se comprometen a firmar una carta de compromiso para respetar un "comportamiento ejemplar en su desempeño".
Como elementos de significación político-ideológica destacan el "blindaje" de la sanidad pública "contra los afanes de privatización o de inclusión de barreras económicas al acceso a servicios. O la oposición expresa y contundente al "copago-repago" en servicios sanitarios.
También se manifiesta expresamente la voluntad de mantener a la RTVA como un ente cien por cien público, pese a que el Gobierno ha abierto la posibilidad a que las autonomías privaticen sus televisiones. Matiza la Junta que impulsará su "gestión eficiente y racionalidad económica". Algo que será necesario ante el balance del primer trimestre de 2012, que arroja pérdidas que duplican lo previsto, 18 millones. La estimación para el conjunto del año es de 30 millones, lo que da idea de la degradación producida en estos primeros meses.
Entidades
Griñán promete un gobierno solvente y sin cuotas