Envía a una prisión de Sevilla, sin fianza e incomunicado, al exconsejero de Empleo de 2004 a 2010, Antonio Fernández, acusado de seis delitos. Describe la arbitrariedad y discrecionalidad en el uso de fondos públicos durante los Gobierno de Chaves y Griñán desde 2001.
La palabra 'Fernández' fue ayer una de las más pronunciadas en la primera jornada oficial de la Feria de Sevilla. El apellido del que fuera consejero de Empleo de la Junta de Andalucía entre 2004 y 2010 -Antonio Fernández-, y anteriormente viceconsejero y alto cargo de ese departamento, sonó casi más que las sevillanas merced a su ingreso en prisión a primera hora de la mañana. Fue encarcelado por orden de la juez Mercedes Alaya, que investiga el macrofraude de los ERE -el mayor escándalo de corrupción de la historia de Andalucía-, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, el sindicato Manos Limpias y el PP. Le acusa de seis delitos.
Sin fianza y en régimen de incomunicación, para evitar su fuga y la destrucción de documentos. La juez ordenó expresamente que se evite todo contacto con el exdirector general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, que ejecutaba las arbitrarias indicaciones de su jefe y entregaba las ayudas a empresas y empresarios afines al PSOE andaluz y la Junta tanto para respaldar ERE en los que se introducían personas ligadas a ese partido o sindicatos que nunca trabajaron en ellas, como para ayudar a empresas en crisis sin ningún procedimiento reglado. Todas sumaron en torno a 700 millones entre 2001 y 2010.
Fernández es el primer exconsejero andaluz encarcelado desde la creación de la Junta en 1982. Su antecesor, José Antonio Viera, expresidente del PSOE de Sevilla y diputado nacional, es el siguiente exconsejero en el punto de mira de la juez, aunque su imputación llevaría el caso automáticamente al Tribunal Supremo por ser aforado.
El propio Fernández está incluido en un ERE de la bodega jerezana González Byass, en la que trabajó entre 1971 y 1982 -quedando en excedencia por ocupar cargo público los 30 años siguientes-. Sin embargo, en la documentación presentada por la empresa a la consejería de Empleo que él dirigía cuando se subvencionó ese ERE para casi cien personas en 2008, Fernández aparecía como trabajador desde 1956, fecha de su nacimiento. Se le conoce por ello como el consejero "nacido para el ERE". Este hecho motivó parte del interrogatorio de más de 20 horas, entre el viernes y el domingo, en el que la juez y las acusaciones le plantearon más de quinientas preguntas.
Agravio comparativo
Alaya considera que "existen indicios importantes de la comisión de hechos delictivos de especial gravedad", ya que "presuntamente" el exconsejero, además de "idear y elaborar" el convenio marco de 2001 que reguló las ayudas investigadas, fue quien "ordenó las directrices para la aplicación" del mismo a Francisco Javier Guerrero.
La juez subraya el "agravio comparativo" a la hora de conceder las ayudas a empresas de determinados territorios, en los que se concentraban personas cercanas al exconsejero y al exdirector general, y no de otros. Además, "y con total despreocupación por el destino del dinero público", el exconsejero "no ordenaría ni supervisaría" que se comprobara el fin dado a las ayudas, "lo cual se ha traducido en que una buena parte se hayan utilizado para el enriquecimiento personal de sus perceptores".
"La política no puede ir contra la Ley y el Derecho, aunque sea avalada por los servicios técnicos y jurídicos de la Junta", servicios que la juez asegura que investigará para saber si estuvieron dirigidos por criterios políticos y no jurídicos.
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