Las negociaciones con los socialistas llevan a la coalición de izquierdas a renunciar a la presidencia del Parlamento a cambio de lograr más peso en el futuro ejecutivo.
Píldora a píldora, PSOE e IU van desgranando lo que casi toda la sociedad andaluza tiene en mente desde el pasado 25-M: que gobernarán Andalucía porque suman mayoría (59 diputados sobre 109) y que la coalición de izquierdas tratará de captar la mayor cuota de poder autonómico que haya tenido nunca en España. La primera parte, la del Ejecutivo de coalición, se despejó ayer tras anunciar la comisión negociadora de ambas formaciones que ha alcanzado un acuerdo programático para los próximos cuatro años.
El reparto de cargos del futuro Gobierno andaluz, del que Griñán ya ha dicho que tendrá menos consejerías respecto a las 13 del saliente -el popular Javier Arenas, candidato más votado el 25-M, ya dijo que las reduciría a 10 u 11-, está aún pendiente. Una primera pista de por dónde circula la negociación la ofreció ayer el hecho de que IU no presidirá como se daba por hecho el Parlamento andaluz, que se constituye hoy, sino que será el socialista Manuel Gracia.
Analistas políticos y fuentes del PSOE explican que IU ha preferido pedir hasta cinco consejerías -incluida una posible vicepresidencia para Diego Valderas, coordinador de IU en Andalucía-, desde las tres que las especulaciones le vienen atribuyendo tras el 25-M. Agricultura, Medio Ambiente, Cultura o Bienestar Social figuran entre ellas, ya que Economía, Hacienda, Empleo (epicentro del macroescándalo de corrupción de los ERE) y Turismo serían intocables para los socialistas. Salud y Educación, los dos grandes departamentos por presupuesto, estarían en disputa.
José Antonio Griñán, presidente andaluz en funciones, trata de trasladar así que Andalucía tendrá un gobierno estable hasta 2016 que le permitirá liderar la lucha contra la crisis y la estrategia de oposición contra el Ejecutivo central de Mariano Rajoy. Este último ha insistido precisamente en la estabilidad del Ejecutivo de España para aprobar las reformas necesarias.
Griñán recorta el presupuesto para 2012 en casi 2.700 millones
