La comunidacd cuenta con 810 empresas que dan trabajo a casi diez mil personas.
Cara y cruz para las energías renovables en Andalucía en este final de año y de legislatura política en España. Aprean, la patronal que agrupa a las 70 principales empresas renovables con sede social o actividad en la región, ha lanzado un SOS ante las consecuencias que el borrador de Real Decreto que regulará el régimen económico de la producción eólica a partir de 2013 podría tener sobre el brillante balance de este sector a escala andaluza. La propuesta de regulación ha sido elaborada por la Comisión Nacional de la Energía y aún debe de ser aprobada por el Gobierno.
La voz de alarma ha sonado precisamente cuando se ha conocido un informe, elaborado por Aprean en colaboración con las consejerías de Empleo y Economía de la Junta andaluza, en el que se detalla por primera vez en España el número de empresas y empleos que hay en las ocho provincias andaluzas, municipio a municipio, ligados a las energías renovables. En total, la comunidad cuenta con 810 empresas y 9.792 empleos.
Estimaciones
Más alentador aún que estas cifras es que el crecimiento estimado en el horizonte 2020, y si se cumple la estimación del Plan Nacional de Energías Renovables (Paner) de que el empleo crecerá un 75 por ciento en ese plazo en el conjunto del país, el número de trabajadores ligados al sector en la comunidad alcanzaría los 17.600. Los subsectores termoeléctrico y de biomasa son los que mejores expectativas presentan, según el citado estudio.
Sin embargo, y a falta de que Aprean defina una postura firme y alineada con la de la patronal estatal AEE en su junta directiva del próximo jueves, se ha hecho una estimación de los efectos de ese Real Decreto sobre las perspectivas del sector eólico. Fuentes de la patronal explican que se podrían perder en torno a 1.000 empleos y paralizarse buena parte de la inversión prevista de 1.500 millones a corto plazo, a partir de 2012. Esta última cifra surge de sumar los desembolsos estimados para construir los 500 megavatios adjudicados en 2009 y en el limbo tras la entrada en vigor del prerregistro del Ministerio de Industria, y los 1.000 Mw que actualmente están en proceso de priorización por parte de la Junta de Andalucía.
Si el decreto se aprobase tal y como está redactado ahora se generaría una gran incertidumbre sobre esos 1.500 Mw, ya que el cambio de modelo que propone el texto afecta, en último término, a las rentabilidades que ofrecerán los parques para los inversores (una TIR del entorno del 6 por ciento, respecto al 8 actual). Esto repercutiría, a su vez, en un cambio en las condiciones financieras con las que los bancos respaldan la inversión: de financiar hasta un 80 por ciento del coste total, se pasaría a la mitad, con lo que los promotores tendrían que asumir el 60. Un reparto inasumible para la mayoría de promotores.
Andalucía se reivindica como líder fotovoltaico
