Andalucía

Astilleros de Sevilla agoniza ante la falta de atractivo para el sector privado

Entrada a la planta de Astilleros de Sevilla (Foto: Fernando Ruso).

La compañía heredera de los activos de la antigua firma pública Izar enfila su cierre con una deuda de 75 millones y liquidez para pagar nóminas sólo un mes más.

Astilleros de Sevilla, factoría de fabricación de buques civiles integrada hasta hace algo más de seis años en el grupo público Izar, enfila el camino de su cierre tras una sucesión de reveses empresariales que han eliminado casi todo el atractivo de la firma para el sector privado. En concurso de acreedores desde hace más de un año y gestionada por un administrador único nombrado por la Junta de Andalucía, la firma ha visto cancelados todos los contratos que aún mantenía y cuenta con liquidez para pagar las nóminas de sus ya menos de cien trabajadores sólo un mes más, según fuentes cercanas a la administración concursal.

Grupos navales e industriales como Boluda, Gallardo, así como de Canarias o Galicia, se han interesado en los últimos meses e incluso años -la factoría lleva paralizada desde 2009- por sus activos. Pero ninguna negociación ha fructificado, a diferencia de lo ocurrido con Astilleros de Huelva -también gestionada por la Junta tras entrar en concurso-, que ha retomado la actividad y parte de su plantilla de la mano de la firma privada gallega Cotnsa.

Los 75 millones de euros de deuda que arrastra la atarazana sevillana, unidos a la inyección de otros 170 millones que fuentes del comité de empresa estiman necesarios para retomar la construcción de los tres buques paralizados en sus instalaciones echan para atrás a la iniciativa privada en la actual coyuntura. A ello se suma que estos tres encargos están actualmente en el alero, ya que todos han sido cancelados por los armadores que los encargaron. En abril pasado fue la naviera finlandesa Viking Lines quien, tras haber rescindido el encargo para construir un buque meses antes, ganó un litigio en un tribunal de arbitraje de Londres que obliga a Astilleros a devolver los 39 millones que le adelantó para poder empezar a fabricar el barco.

Esta semana se ha conocido además que la naviera que mantenía los otros dos encargos pendientes ha solicitado igualmente a un tribunal de arbitraje también en Londres la devolución del dinero adelantado tras cancelar el encargo.

Se esfuman de esta manera las leves esperanzas que albergaba la plantilla sobre la posibilidad de que un plan industrial acordado por empresa, administración, clientes y acreedores permitiera retomar la actividad. Este plan de viabilidad ha sido el encargo clave de José Luis Álvarez, el administrador único nombrado por la Junta a inicios de 2010 y que había sido director general de Izar y de Navantia. Su experiencia no ha sido suficiente ante la envenenada situación.

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