
La patronal de las empresas que operan en este sector en Andalucía pide que se simplifiquen trámites en las fases iniciales de los proyectos de renovables.
Aprean ha vuelto a levantar la voz, tal y como ya hizo hace justo dos años, contra la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía (Gica). Algunos de los desarrollos reglamentarios de este texto están paralizando o ralentizando durante meses la obtención de los permisos administrativos necesarios para la construcción de instalaciones de renovables o de las líneas eléctricas que sirven para evacuar la electricidad que producen.
En concreto, la Asociación señala que esta ley obliga a recibir el permiso de todos los propietarios de los terrenos en los que se estudia instalar una planta de energía renovable o una línea eléctrica en el momento inicial de la tramitación administrativa del proyectos.
Ante ello, Aprean pide a la Consejería de Cultura, como solución, que las prospecciones arqueológicas superficiales de los terrenos no sean consideradas ocupación de fincas y no precisen por tanto del permiso de los propietarios afectados. Con ello se agilizaría la gestión de los expedientes que no precisen de una intervención arqueológica más profunda".
?Se trata de una situación absurda e ilógica que venimos padeciendo y denunciando desde hace más de dos años, sin ninguna actuación favorable por parte de la Consejería de Cultura y con intervenciones sin resultados positivos por parte de la Consejería de Economía; y todo ello a pesar de que se trata de un problema que afectaría al propio suministro eléctrico andaluz en caso de no poder ejecutarse las infraestructuras y que perjudica gravemente a Andalucía en su desarrollo y en los propios planes de futuro que defiende la Junta de Andalucía?, ha subrayado Barroso.