Sevilla
"El impuesto más caro para los españoles es la corrupción", dijo el presidente Pedro Sánchez hace unos días en una entrevista en Antena 3. "Hay una palabra que desgraciadamente va asociada al PP de forma reiterada que es corrupción", había dicho anteriormente el secretario general del PSOE en Andalucía, Juan Espadas, en un acto público. Con las elecciones andaluzas a la vuelta de la esquina y al calor de los escándalos por comisiones en Madrid, no cabe hablar de declaraciones aisladas, sino que forma parte de una estrategia que marcará la agenda política de las próximas semanas. Una agenda que está plagada de citas con casos heredados de la anterior administración socialista.
La ofensiva socialista sobre corrupción tiene su base en denuncias ante la Fiscalía de medidas del Gobierno andaluz durante la pandemia. Son denuncias genéricas, prospectivas. No señalan ningún caso concreto, de momento. Sólo una posibilidad. Una sospecha
Una son los contratos de emergencia celebrados por la administración andaluza durante la pandemia. Los socialistas han lanzado acusaciones de mascarillas adquiridas hasta a 10 euros la unidad.
Y la otra, las contrataciones exprés que se hicieron durante el Covid y sobre las que ya hay sentencias judiciales del ámbito contencioso-administrativo que las anulan. "Ha sido un coladero de enchufismo", llegó a decir la portavoz parlamentaria del PSOE-A, Ángeles Férriz. En esta denuncia se apunta directamente contra Elías Bendodo, ya que las contrataciones se hicieron desde la Consejería de Presidencia que él dirige. Férriz hizo pública la denuncia apenas se supo que Bendodo era el número 3 del PP a nivel nacional.
Durante la pandemia se hicieron 4.000 contrataciones exprés de personal y 21.000 contratos de emergencia que según los socialistas «son las dos caras de una misma moneda».
El PSOE dosifica información en denuncias genéricas, sin concretar
Las denuncias socialistas pueden tener efecto en precampaña si hay el juzgado llama a declarar a alguien como investigado o hace algún requerimiento. Si se archivan pueden volverse en contra del denunciante a efectos políticos.
De momento hay constancia de dos investigaciones judiciales por contratos de emergencia. Pero ambos casos parten no de una denuncia del PSOE, sino de la Consejería de Salud como perjudicada y en defensa del interés general. Uno de los casos es por una supuesta comisión solicitada por una persona de la consejería para adquisición de material y el otro por la sustracción de material de un almacén. Así que no hay caso que pueda salpicar la gestión de la administración andaluza, sino todo lo contrario.
Boomerang
En medio de esa carga política, llamaron la atención unas declaraciones del parlamentario por Jaén y portavoz de la Ejecutiva del PSOE a nivel nacional Felipe Sicilia, quien en un desayuno informativo en Sevilla destacó el empeño del PSOE en acabar con la prostitución. Unas inoportunas palabras justo en los días en los que una comisión de investigación parlamentaria daba los últimos retoques a su dictamen sobre la Faffe, fundación en la que su presidente gastó el dinero para formar parados en prostíbulos, y en la que está contratada la mujer de Juan Espadas, secretario general del PSOE- A en la actualidad y alto cargo de la Junta cuando se produjo la contratación.
La ofensiva del PSOE-A, paradójicamente, puede tener un marcado carácter defensivo. El calendario judicial que espera a los socialistas andaluces esta primavera electoral es duro.
El calendario judicial que aguarda al PSOE esta primavera es bastante duro
Sigue el caso Faffe, la causa por enchufismo de militantes socialistas y gastos en próstíbulos con dinero público. El instructor ha dictado auto apertura de juicio oral contra el altos cargos socialistas.
Desde hoy y hasta el jueves la Audiencia Provincial de Sevilla sigue celebrando juicio por prevaricación y malversación en una pieza separada del caso ERE por ayudas a empresas vinculadas al corcho. Ya hay una condena en una de las piezas separadas de esta macrocausa.
El 4 y el 5 de mayo el Tribunal Supremo celebra vista oral para decidir sobre los recursos de la pieza principal del Caso ERE, en la que fueron condenados en la Audiencia de Sevilla Chaves y Griñán, entre otros altos cargos. La sentencia del TS no se hará pública hasta después de las elecciones, por lo voluminoso del procedimiento y los tiempos con los que se maneja (el fallo de la Audiencia de Sevilla es de noviembre de 2019, un año después de quedar visto para sentencia el juicio) y por la ley no escrita de no interferir en el proceso electoral.
En el PSOE hay esperanzas de que al menos el TS suavice la dura condena dictada en Sevilla, especialmente en la apreciación de malversación (castigada con penas de prisión) para el ex presidente Griñán y otros altos cargos.
Y en lista de espera hay decenas de casos pendientes de ser juzgados y que afectan también a supuestas infracciones penales que afectan a anteriores gobiernos socialistas.
Atasco por corrupción
El presidente del TSJA, Lorenzo del Río ha llegado a señalar que hay entre 80 y 90 causas pendientes de finalizar la instrucción relacionadas con las macrocausas de los ERE, Formación, Faffe, Invercaria, Agencia IDEA …
Fuentes judiciales estiman datos más abultados incluso. Sólo el juzgado de Instrucción 6 (antes el de Alaya, ahora con el juez de refuerzo Álvaro Martín encargado de las macrocausas) tiene ya en marcha más de cien piezas separadas del caso ERE y las otras causas que investiga relacionadas con corrupción. Cuarenta esperan ya fecha en la Audiencia, y otras 20 están a punto de unirse a estas cuando superen el trámite de calificación de las partes. Y hay prácticamente 80 en instrucción.
El otro foco judicial principal en la investigación de corrupción está en el 16 de Sevilla, donde hay más de 20 piezas separadas de la trama de Invercaria abiertas. De esta macrocausa hay ya varias condenas, entre ellas dos (Aceitunas Tatis y Fumapa) que afectan a la localidad de La Carolina (Jaén), cuna de un poderoso clan socialista.
Hay más de 150 causas judiciales abiertas a la anterior administración socialista andaluza
Tanta causa por corrupción afecta al normal funcionamiento de la administración de Justicia y tiene saturada la jurisdicción Penal de la Audiencia de Sevilla. El juicio por supuesto desvío de 40 millones de fondos de Formación por parte de UGT-A, por el que será enjuiciada la anterior cúpula del sindicato, ha sido señalada entre el 15 de enero y el 19 de junio de 2024. Y los juicios seguirán años y años.
Desde que se abrió la causa matriz de los ERE en 2011 la cantidad de recursos que la administración de Justicia y la propia Junta, a requerimiento de los juzgados, ha tenido que destinar a desenredar la madeja de la corrupción es enorme. Dinero que se suma al que se utilizó indebidamente y que señalan las sentencias que se van conociendo. Tal y como asevera el presidente Sánchez, "el impuesto más caro para los españoles es la corrupción". Un tema que vuelve a ponerse de plena actualidad esta precampaña.
