Sevilla
El Parlamento de Andalucía ha convalidado con los votos de PP, Cs y Vox el decreto ley de simplificación normativa que introduce más de 300 medidas nuevas de eliminación o reducción de trámites burocráticos para las empresas, que afectan a unas 80 normas. En realidad, la votación trascendía a la aprobación o no de una normativa que, según había dicho horas antes el presidente Juanma Moreno, "trata de facilitar la relación de la Administración andaluza con los administrados y con las empresas". Era la primera gran prueba de si la legislatura entraba en fase de bloqueo, lo que conduciría casi inevitablemente a un adelanto electoral, o si el Gobierno aún tiene margen de maniobra para, como es su intención, intentar agotar el próximo periodo de sesiones, que acaba en julio, y continuar con su agenda reformista. Y en ese trance Vox ha dado aire al ejecutivo "por responsabilidad"
Antes de la votación de la tarde, en la sesión matinal de control al Gobierno, Moreno ya había amagado con el órdago. "La pregunta es si los grupos de esta Cámara estamos en avanzar y hacer que Andalucía y sus sectores productivos, las pequeñas y medianas empresas, los autónomos, los agricultores y los ganaderos puedan seguir progresando o si vamos al bloqueo. Esta tarde lo sabremos viendo el posicionamiento de cada uno de los grupos", había dicho. Con una advertencia por si la ley no salía adelante. "No nos cansaremos de repetir, mañana, tarde y noche, qué grupos han votado contra las empresas y los autónomos".
A esas horas ya se conocía que el PSOE votaría en contra. Pero se mantenía la incertidumbre sobre qué haría Vox.
En el debate de convalidación del decreto de la tarde, la parlamentaria de Vox Ángela Mulas ha cargado con dureza contra el Gobierno. Por haberles dado el texto del decreto "cinco días antes del debate" y por lo que a su juicio es afán propagandístico y mediático del ejecutivo para "colgarse una medallita". Pero finalmente confirmó su voto a favor, "porque nos parece irresponsable no aprovechar la ocasión para adelgazar la tramitación y la normativa, pero estaremos vigilantes para que se respeten todas las garantías!. Mulas ha aprovechado para lanzar un dardo a la bancada socialista al insistir en la "responsabilidad" con la que actuaban, "porque hay partidos que no saben lo que significa".
A la tribuna ha subido para defender el decreto por parte del Gobierno el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, pidiendo el apoyo al decreto con el argumento de que «no se puede entender que justo ahora renuncien a algo como la eliminación de trabas burocráticas cuando es más necesario".
El PSOE ha justificado su voto en contra en una dura intervención de Mario Jiménez, que calificó la forma de tramitación de urgencia usada por el ejecutivo como "cacicada" y "con cero diálogo político".
Inmaculada Nieto, de Unidas Podemos, ha fundamentado su voto negativo en que el decreto incluye medidas como liberalización de horarios comerciales o incluso puede sustentar la privatización de Canal Sur
El Gobierno había puesto en los días previos el acento en que el decreto ley modifica la Ley de Vivienda Protegida para adjudicar viviendas del parque público a colectivos con necesidad urgente y se simplifican los requisitos tanto para la Declaración de Interés Turístico de Andalucía como para la de Municipios Turísticos.
En Urbanismo, se agiliza la ejecución de los proyectos con cargo a los fondos Next Generation y se dota al sector agroalimentario de mecanismos de crisis, la extensión de norma, para poder retirar productos en momentos de caídas de precio, "una demanda de nuestros agricultores".
En la actividad comercial, se simplifica el régimen de apertura de establecimientos y el procedimiento para construir áreas logísticas. Por otro lado, en Energía, se simplifica la tramitación de proyectos fotovoltaicos y sus infraestructuras de evacuación. Además, se facilita el despliegue de una infraestructura de recarga de vehículos en todo el territorio andaluz y se favorece la implantación de generación de energías renovables de autoconsumo en zonas urbanas.
En Medio Ambiente, las entidades privadas podrán colaborar en la reforestación de terrenos incendiados y las actuaciones sometidas a evaluación de impacto ambiental estatal ya no tendrán que obtener Autorización Ambiental Unificada.
