El Gobierno no pagará los 537 millones que debe a Andalucía pero le ofrece relajar el objetivo de déficit, lo que permite un colchón de 320 millones para este año y 120 para el año 2021 a la región
La financiación, o más bien la falta de ella, ha sido uno de los caballos de batalla recurrentes de confrontación entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central en los últimos años. La propia ministra abanderó, cuando era consejera andaluza de Susana Díaz, la reclamación ante el Ejecutivo de Mariano Rajoy de cerca de 4.000 millones de euros en que cifró la infrafinanciación de la comunidad. De hecho, esa petición fue aprobada en el propio Parlamento Andaluz con el apoyo de todos los grupos -excepto Ciudadanos, que se abstuvo-.
Sin embargo, la ahora ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, Maria Jesús Montero, tiene que defender nuevos intereses y hacer compatibles las reclamaciones de financiación de las comunidades autónomas -también las del PSOE- con las exigencias de la UE y con la política de gasto pactada por Pedro Sánchez con Unidas Podemos y con varios partidos nacionalistas.
La última pirueta de política económica que ha tenido que realizar Montero este mes ha sido a raíz de la rebelión de las comunidades autónomas debido a la falta del pago del IVA del denominado mes 13 del año 2017, un ajuste contable que inventó Cristobal Montoro para cuadrar las cuentas de ese año tras la aplicación del Suministro Inmediato de Información (SII). Aquel cambio de criterio modificaba el plazo de declaración e ingresos de las liquidaciones tributarias del IVA, de manera que, en 2017, el Estado tenía en cuenta la devolución de la recaudación del IVA de solo 11 meses, y no de 12, pasando el de diciembre al del año siguiente. Pues bien, teniendo en cuenta esta metodología, Sánchez hubiera debido pagar el mes de diciembre de 2017 a lo largo de 2019, ya que el sistema de financiación autonómica liquida los ingresos de este impuesto dos años después.
Sin embargo, aquellos presupuestos no llegaron a aprobarse nunca. Desde entonces, todas las comunidades vienen pidiendo a Pedro Sánchez que les devuelva los 2.500 millones de euros que se quedó de aquel IVA del "mes 13", aunque hasta la fecha argumentaban desde Moncloa que no podía hacerlo un Gobierno en funciones.
Una vez acordado el Gobierno de coalición, casi todas las comunidades habían vuelto con la reclamación y habían amenazado con un frente común para exigir ese pago. Así, las más afectadas eran Andalucía (con 537 millones), Cataluña (443), Madrid (377), Galicia (200), Castilla La Mancha (130), Murcia (85), Aragón (80) y Asturias (75), que habían amenazado con acudir a los tribunales. A María Jesús Montero no le quedó más remedio que convocarlas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que no se reunía desde tiempos de Cristobal Montoro.
La ministra anunció a las comunidades que no puede pagar ya ese dinero pero que iba a compensar con "medidas paliativas". En concreto, explicó que, para paliar la situación, suaviza el objetivo de déficit autonómico para este año hasta el 0,2% del PIB y ofrece un préstamo a interés del 0% para compensar el IVA no ingresado en el 2019. La mejora de los objetivos salió adelante con el apoyo de todas las autonomías socialistas y el no de las populares -Catalunya no tenía derecho a voto por la ausencia del vicepresident Pere Aragonès-. En total, doce votos a favor -incluido el Gobierno- y seis en contra. Sin embargo, Montero no logró acabar con el malestar de las comunidades por el IVA, incluidas las que están gobernadas por el PSOE.
La relajación de la senda de déficit supone dos décimas más para las cuentas territoriales de este año, con respecto a las cifras oficiales fijadas en su día por el gobierno de Mariano Rajoy. Así, el margen de gasto se amplía en unos 2.578 millones de euros. Precisamente, el monto reclamado por la liquidación del IVA. En todo caso, hace meses el Ejecutivo socialista había comunicado a Bruselas una relajación generalizada de objetivos, que en el caso de las autonomías suponía dejar el desequilibrio máximo para el 2020 en el 0,1% -es decir, una décima menos que la nueva referencia-. Para el próximo año, se gana otra décima con respecto a la senda oficial y queda en el 0,1% de déficit, mientras que fija el equilibrio de las cuentas para el 2022.
La ministra de Hacienda informó también que el cierre provisional del 2019 para el conjunto de las comunidades está en torno al 0,5% del PIB. Al considerar el desembolso vinculado al efecto del IVA un gasto no recurrente, el desequilibrio quedaría en el 0,3%, señaló, mientras recordó que la meta oficial era del 0,1%. Montero defendió con insistencia que "hemos protegido del esfuerzo fiscal a los territorios", al exigir una reducción conjunta de una décima de PIB menos que el año anterior, unos 1.400 millones de euros.
La tercera medida para compensar el IVA no liquidado, expuesta por Montero a los consejeros, pasa por descontar esa cifra del cierre del ejercicio del 2019 de cada autonomía, cuando Hacienda evalúe su cumplimiento presupuestario. La ministra señaló que, después de descontar lo que no recibieron en el 2019, los territorios que tengan un déficit de hasta el 0,1% se considerarán cumplidores. Sobre la financiación al 0%, ponen a disposición de las comunidades el fondo de liquidez extra del FLA, según defendió la ministra en el consejo, para evitar perjudicar el pago a los proveedores.
En el caso de Andalucía, el consejero de Hacienda, Juan Bravo, ya rechazó en aquel Consejo la decisión del Gobierno de no devolver el IVA a las comunidades, a pesar de las medidas compensatorias con la relajación del déficit, que permitiría a la región un colchón de 320 millones para este año y 160 millones para 2021, así como poder salir a los mercados el próximo otoño.
Sin embargo, en la reunión del Ejecutivo andaluz de PP y Ciudadanos, la Junta endureció su discurso, a través del consejero de Presidencia, Elías Bendodo, y anunció que -al igual que la Comunidad de Madrid-, acudirá a los tribunales en los próximos días para reclamar los 537 millones del IVA que le debe Hacienda.
Bendodo denunció el "festín" catalán de 4.000 millones de euros entre el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente de Cataluña, Quim Torra, mientras para el resto de comunidades autónomas sólo quedan "migajas". Se refería así a la "agenda del reencuentro" que abordaron en su reunión, que contiene 44 medidas para Cataluña que se han cifrado en 4.000 millones de euros. Apuntó que el Gobierno andaluz ha analizado a fondo ese documento y que, sin duda, también quiere para Andalucía algunos de los asuntos que en él se recogen.
Junto a ello, el consejero de Presidencia indicó que Andalucía también quiere un nuevo sistema que acabe con la infrafinanciación de sufre esta tierra que supone que dejen de llegar 4.000 millones de euros, lo que se traduce en que para el Gobierno central "no existen" 220.000 andaluces. La Junta insistirá a Montero para que cumpla con lo que ella misma reclamo cuando era la consejera de Hacienda de la región.
