Ejecutivo andaluz y empresarios muestran su sorpresa por la apuesta del Gobierno por Indra para liderar el el sector aeronáutico español y temen que Airbus baje su carga de trabajo en Andalucía
El pasado 17 de junio, la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, firmaba con sus homólogas de Alemania y Francia uno de los acuerdos más importantes a nivel estratégico y económico de los últimos años para desarrollar el futuro caza europeo FCAS (Future Combat Air System).
Este proyecto, con un horizonte de entrada en servicio en 2040, dentro de más de veinte años, si el proyecto no sufre posibles retrasos, prevé sustituir a la flota de cazas Eurofighter (Alemania y España) y Rafale (Francia), y tiene «la intención de diseñar y construir no solo un avión de combate, sino todo un sistema aeronáutico integrado que sea capaz de operar conjuntamente en cualquier escenario», explicó el Ministerio de Defensa en un comunicado.
El FCAS no será solo un avión de combate sino un sistema en el que cazas tripulados y drones operarán conjuntamente.
Se trata de una apuesta clara de estos tres países "para adelantarse a los grandes riesgos geo-políticos en la segunda mitad de este siglo", según explicaba la ministra gala, quien subrayaba que por primera vez en un siglo, Europa no cuenta con el "escudo protector" de Estaos Unidos.
Pero esta decisión estratégica para la soberanía y la defensa nacional y europea tiene también un fuerte componente económico. No en vano, se estima que el programa necesitará un presupuesto cercano a los 200.000 millones de euros hasta 2040. El secretario español de Estado de Defensa, Ángel Olivares, indicó que el presupuesto para la fase de fabricación se decidirá en 2026, pero que el coste de los prototipos a desarrollar hasta 2030 rondará los 8.000 millones de euros.
España participará en igualdad de condiciones que sus socios, Francia y Alemania, por lo que deberá contribuir en un 33 por ciento a las inversiones necesarias para su desarrollo. Precisamente, el último Consejo de Ministros aprobó la reserva de 110 millones de euros para financiar la participación de la industria española en el FCAS en el periodo 2019-2022.
Por todo la anterior, no es de extrañar que la decisión española fue recibida con gran alegría por el sector aeronáutico andaluz, que en las dos últimas décadas se ha consolidado como un referente europeo gracias especialmente al programa del avión de transporte militar europeo A-400M, que se ensambla en Sevilla.
El sector aeroespacial andaluz facturó 2.530 millones de euros el pasado año y empleó a 15.931 personas, un 1,7 por ciento más (300 nuevos puestos de trabajo) en 2018. Se trata de un sector estratégico para la comunidad que representa un 1,57 por ciento del PIB global andaluz y que en los diez últimos años ha duplicado su nivel de empleo. El sector aeronáutico andaluz está formado por cerca de 117 empresas, 84 de las cuales tienen su sede en Sevilla y 21 en Cádiz, aunque también existen en Huelva y Málaga.
Por ello, el anuncio de la participación de España en el nuevo programa FCAS fue recibido con optimismo por el sector aeronáutico andaluz y por los propios responsables públicos de la Junta y las provincias en las que se asientan estas industrias auxiliares.
Sin embargo, una posterior decisión del Gobierno central ha venido a enfriar esos ánimos y ha provocado una enorme inquietud tanto en el sector como en la propia administración autonómica: El pasado 5 de septiembre, el Gobierno en funciones designó a la empresa Indra como "coordinadora nacional industrial" del programa FCAS. Previamente, Alemania había elegido a Airbus y Francia a Dassault, que han estado desde los inicios en el proyecto, y todo hacía pensar que España dejara esta responsabilidad también en mano de Airbus, que ha liderado hasta la fecha el sector en nuestro país.
La decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha causado una gran sorpresa en el sector y un gran malestar en la propia Airbus. El presidente de Airbus España y máximo responsable de la división de aviones militares de Airbus Defence and Space, Alberto Gutiérrez, envió una carta a los empleados de la compañía en la que criticaba la decisión asegurando que "hasta el momento, no se nos facilitado ningún razonamiento ni criterio seguido para tomar esa decisión" y afirmaba que "décadas de crecimiento e inversión de Airbus en la industria, la tecnología y la cadena de suministro españolas, se verán socavadas por esta decisión. Sin embargo, Airbus continúa representando y apoyando los mejores intereses de España hoy y en el futuro", asegura Gutiérrez.
A su juicio, "sólo Airbus tiene la escala, las capacidades y la experiencia para representar de mejor manera los intereses industriales de España y trabajar en igualdad de condiciones con los Coordinadores Nacionales franceses y alemanes, y esta decisión puede afectar a la influencia industrial y participación de España en el programa aeroespacial y de defensa más grande de la historia de Europa".
La multinacional europea, en cuyo origen España tuvo un papel destacado, emplea a más de 12.000 personas en nuestro país, 7.500 de ellos en la división militar. En Andalucía, Airbus cuenta con cuatro plantas, dos en Cádiz -Puerto Real y El Puerto de Santa María- y dos en Sevilla -Tablada y San Pablo-, donde se ubica el único centro de ensamblaje final de la compañía en territorio nacional.
Además de la carta a los trabajadores, la reacción de Airbus ha sido mantener una intensa agenda de reuniones al más alto nivel para expresar su opinión. El presidente mundial de Airbus, Guillaume Faury, acompañado del presidente nacional, Alberto Gutiérrez, acudieron a Zarzuela para ser recibidos en audiencia por el Rey Felipe VI; también acudieron a Moncloa para reunirse con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y además pasaron por los despachos de la ministra de Industria, Reyes Maroto, la de Defensa, Margarita Robles, y el presidente de la SEPI, Vicente Fernández.
Los máximos responsables de Airbus también acudieron a Andalucía, donde visitaron algunas plantas y fueron recibidos por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, acompañado por el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, y del Consejero de Economía, Rogelio Velasco.
El presidente autonómico consideró "muy productiva" la reunión y posteriormente la Junta emitió un comunicado en el que transmitía el "firme compromiso" del Gobierno andaluz con esta empresa.
Más allá de las declaraciones diplomáticas, fuentes cercanas al presidente andaluz no ocultan su malestar por no hacer sido consultado ni informado por el Gobierno español de la trascendental decisión tomada en torno a su apuesta por Indra frente a Airbus, que tiene una repercusión directa en el sector aeronáutico andaluz.
Según ha podido saber elEconomista, Moreno ha enviado una carta al Gobierno mostrando ese malestar y reclamando más información a la ministra de Defensa sobre los criterios antes de pronunciarse sobre el fondo de la cuestión.
Los empresarios andaluces también han mostrado su perplejidad por el anuncio y temen que el cambio de estrategia del Gobierno español rompa el consenso conseguido hace dos décadas y con el apoyo de Airbus para traer carga de trabajo a Andalucía y convertir a Sevilla en el tercer gran polo aeronáutico junto a la alemana Hamburgo y la francesa Toulouse.
La Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) y la Cámara de Comercio emitieron un comunicado de apoyo a Airbus y en el que critican que "una decisión tan importante como ésta, adoptada por un Gobierno en funciones y sin contar con la participación del Ejecutivo andaluz, es cuando menos preocupante porque debería haber sido debatida a un nivel más amplio de competencias y sometida a una valoración técnica sobre el impacto que tendrá en la industria auxiliar de nuestra provincia".
Ambas organizaciones "confían en que la elección de Indra como coordinador nacional industrial en el programa del futuro caza europeo no repercuta negativamente en la actividad de Airbus y en los futuros trabajos de las empresas aeronáuticas sevillanas». "La creación de un líder potente aeronáutico español no debe, en ningún caso, cambiar la política industrial que hasta ahora venía desarrollando Airbus en Andalucía, con un alto grado de conexión con la industria local y la creación de miles de empleos de alta cualificación en una provincia que, como Sevilla, históricamente es referente en la industria aeronáutica», subrayan.
Decisión "técnica"
La ministra de Defensa, Margarita Robles, valoró que la empresa Indra coordine la participación española en la futura FCAS y descartó que esta decisión "técnica" cause tensiones con Airbus. "Lo verdaderamente importante es que España, junto con Francia y Alemania, van a ser los que lideren este avión de combate, que representa un salto cualitativo esencial y fundamental para la industria de defensa en Europa y en España", señaló la ministra. "España se va a convertir en una potencia industrial en el ámbito de la defensa con el FCAS, que no es un tema de una empresa sola, sino de muchas y es una cuestión de país", resaltó.
