Esta es la historia de un error que cuesta caro. En 2007, Julián Rodríguez invirtió todos sus ahorros en un parque de paneles solares que se extiende sobre 10 hectáreas de tierra oscura, en los alrededores de Villanueva de los Infantes, en Castilla-La Mancha, región sembrada de molinos de viento más que centenarios. Julián Rodríguez esperaba hacer fructificar su dinero y disfrutar de una cómoda jubilación.
Actualmente, se tira de los pelos: después de una serie de cambios legislativos, se encuentra al borde de la ruina, al igual que miles de pequeños inversores españoles.
Esta es la consecuencia directa de las nuevas normas adoptadas en España para reducir su apoyo a las energías renovables, y absorber progresivamente el "déficit energético" que ponía en peligro la totalidad del sistema energético español.
Como en otros lugares de Europa, los poderes públicos empezaron subvencionando ampliamente las energías verdes - se gastaron 50.000 millones de euros desde 1998 para favorecer el desarrollo de estos sectores -, sin imaginarse que este apoyo voluntarista acabaría generando tanta diferencia entre el precio regulado de la electricidad y su coste de producción: con 26.000 millones de euros, la brecha se volvió simplemente inasumible, y requería decisiones radicales. "No fue en la promoción de las energías renovables donde estuvo el error, sino en la manera en que se llevó a cabo: un auténtico fiasco", deplora un experto del sector.
Breve viaje en el tiempo
Para entender cómo se ha llegado a esto, hay que retroceder hasta siete años atrás. A principios de 2007, España vivía en la euforia, su crecimiento parecía eterno, el consumo de energía no dejaba de aumentar, cuando el país depende en gran medida de las importaciones de combustibles, los bancos disponían de abundante liquidez y el crédito fluía a raudales...
Además, el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero mostraba su voluntad de proteger el medioambiente - el tipo de preocupación que no resistiría el colapso del espejismo español. Por lo tanto, todas las condiciones estaban presentes para que España se convirtiera en El Dorado de las renovables y pusiera los medios para ello? a riesgo de provocar una auténtica burbuja .
"Quisimos crear un marco legal atractivo para favorecer la inversión privada, y cumplir nuestros compromisos ante la Unión Europea en materia de renovables", se justifica Jaume Margarit, responsable de la época de las energías verdes del instituto encargado de la política energética española, y actualmente presidente de la Asociación de productores de energías renovables (APPA). Fue así como, en 2007, un decreto que complementaba una legislación que databa de finales de los años 1990 instauró un régimen de primas y de tarifas reguladas muy generoso para las energías verdes, especialmente para la solar.
Un régimen muy generoso
El Ejecutivo quería alcanzar entonces los 400 megavatios (MW) en fotovoltaica y los 500 en solar térmica, tecnología que, en aquella época, estaba aún en pañales y no era rentable. El frenesí fue tal que pronto se encontró desbordado: en 2008, la potencia instalada solo en energía fotovoltaica era ya de 3.400 MW. En 2009, las primas eran seis veces más elevadas que en 2006. "Se tendrían que haber mantenido las subvenciones dentro de los límites de los objetivos acordados, pero eso no se hizo", lamenta José Donoso, presidente de la Unión española fotovoltaica (Unef). "Se tendría que haber procedido mediante licitaciones, con objeto de controlar mejor la potencia instalada? En lugar de esto, bastaba en aquel momento con solicitar una autorización administrativa para montar un proyecto", denuncia un experto del sector.
El filón empezó a ser explotado de mil maneras: algunos obtenían las licencias para venderlas a precio de oro, otros se especializaban en el desarrollo de proyectos? Gracias a este boom, el 32 por ciento de la demanda eléctrica ya estaba cubierta con energías renovables en 2012. Pero este desarrollo tuvo un coste ampliamente superior a lo que sería hoy, dada la mejora de la competitividad de las tecnologías verdes. "Pagamos al resto del mundo la curva de aprendizaje", analizaba recientemente Alberto Nadal, secretario de Estado de Energía en el diario El País.
Alcanzado por la euforia ambiente, Julián Rodríguez decidió, en 2007, tentar la suerte. Ironía del destino, este nieto e hijo de electricistas, él mismo dueño de una pyme especializada en la implantación de instalaciones eléctricas, especialmente de renovables, se metió en la boca del lobo con los ojos cerrados? y arrastró con él a familiares, amigos e incluso clientes. "Trabajaba en el sector, y pensé que la inversión era segura, ya que estaba garantizada por ley. Quise compartir la oportunidad con mi entorno. Algunos creen que los he estafado", se lamenta hoy en día.
Con el apoyo de veinte socios, farmacéuticos, maestros de escuela, jubilados, etc., Julián Rodríguez montó un proyecto de parque fotovoltaico, igual que otros 55.000 pequeños inversores, según las asociaciones del sector. Cuando tuvieron reunido un capital de un millón de euros - todos sus ahorros -, la pequeña caja de ahorros local, Global Caja, les animó a apostar a lo grande y endeudarse para instalar 1,6 MW, por un importe de 15 millones de euros, que propuso financiar al 80 por ciento. El proyecto se inició en 2008.
Dos años después, se decidieron los primeros recortes en las primas concedidas en 2007. A partir de entonces, los sucesivos dirigentes políticos no han dejado de reducir el coste del sistema de origen: descenso del número de horas subvencionadas, eliminación de las primas para las nuevas instalaciones, impuestos sobre la producción? Una decena de cambios legislativos han ido erosionando poco a poco la rentabilidad de las instalaciones.
La última medida fue anunciada hace unas semanas. Tras haber eliminado las primas a la producción de las energías verdes el pasado julio, el gobierno conservador de Mariano Rajoy quiere que se vendan a precios de mercado. Como contrapartida, el Estado les garantiza una "rentabilidad razonable" calculada a partir de la inversión inicial, dependiendo del tipo de tecnología y de su fecha de puesta en servicio. El texto en cuestión elimina cualquier ayuda pública a los parques eólicos anteriores a 2004. Los líderes del sector, como Acciona e Iberdrola, resultan especialmente penalizados. Las asociaciones del sector de las renovables estiman que las reformas emprendidas desde 2011 supondrán este año un lucro cesante de 3.400 millones de euros para el sector.
Desde 2010, los productores han presentado recursos, pero el Tribunal Supremo, encargado de resolver sobre una de las reformas, ha considerado recientemente que no violaba ni el principio de seguridad jurídica ni la confianza legítima. Los inversores extranjeros también se movilizan. Fondos como Antin o Eiser presentan demandas ante los tribunales de arbitraje internacional. Hace poco, la sociedad Masdar, filial de un fondo de Abu Dhabi que invirtió en un proyecto de energía solar, presentó un recurso ante el Banco Mundial.
Los ingresos, cada vez más escasos, generados por las instalaciones de energías renovables no son suficientes, en algunos casos, para reembolsar las deudas que llevan asociadas. Las asociaciones de productores temen quiebras en cascada. Algunos optan por soluciones radicales, como el grupo sueco Ikea que, a la vista de los cambios en la normativa, ha entregado recientemente las llaves de un parque fotovoltaico de 70 millones de euros al banco que había financiado el proyecto.
De hecho, algunos temen el contagio del "riesgo renovable" al sector bancario. Según José Donoso, los bancos han financiado 17.000 de los 22.000 millones de euros invertidos en energía fotovoltaica. "Hacemos todo lo posible para reestructurar la deuda de los proyectos que hemos financiado en energía eólica y solar, explica un ejecutivo de un banco de inversión extranjero. Para los bancos españoles, el problema es distinto porque han apoyado proyectos de productores más pequeños y menos sofisticados que los nuestros. Han depositado todo el capital de que disponían en el proyecto inicial, por lo que es más difícil reestructurar su deuda."
El momento propicio
"En numerosos casos, los bancos exigieron como garantía la casa o los bienes personales. Por lo tanto, los deudores no tienen más elección que reembolsar el préstamo concedido a los pequeños productores. Teniendo en cuenta que la vida útil de una instalación fotovoltáica es de 25 años, no les queda esperanza alguna de recuperar su inversión?", explica José Donoso.
Es el mismo caso que afecta a Julián Rodríguez, cuya casa y oficinas están hipotecadas. "Trabajo todos los días, incluso los fines de semana, para poder reembolsar mi préstamo y no hundirme." Resignado,observa, a sus 54 años que, "a causa de este problema, nunca podrá jubilarse". ¿Vender la instalación? "Imposible", contesta Julián Rodríguez contemplando sus paneles solares barridos por el viento: "Ya nadie se fía ni quiere comprar."
Sebastián y los errores de la 'burbuja solar'
