La Cátedra Barcelona Estudios de Vivienda (CBEH, en sus siglas en catalán) presentó su decálogo de propuestas para hacer frente a la crisis habitacional. En una reflexión posterior, dos de sus codirectores, Judith Gifreu y Juli Ponce, han profundizado en las medidas recogidas en el documento y han advertido de que España necesita cuadruplicar su inversión pública en vivienda para garantizar un auténtico servicio público efectivo que haga realidad el derecho a la vivienda.
Además, defienden que la vivienda sea reconocida legalmente como un servicio público obligatorio en el ámbito municipal y mayor capacidad de intervención local para responder a las realidades del territorio: También recomiendan una financiación estable de estas políticas y una fiscalidad coherente con el objetivo de garantizar la accesibilidad de la vivienda.
El listado de propuestas se ha elaborado a partir de las conclusiones del I Congreso Internacional de Vivienda y Ciudad celebrado en Barcelona y del trabajo del clúster académico en los últimos tres años. Entre las ideas principales, la Cátedra propone cambiar por completo la forma en que se entiende la vivienda. Hasta ahora, explican sus responsables, se ha tratado como un asunto económico, ligado al mercado y a la construcción.
Pero, según afirman, eso no ha servido para resolver los problemas reales. Por ello piden que se equipare en recursos y prioridad a servicios públicos como la educación o la sanidad. "Ningún servicio público podrá hacer efectivo el derecho a la vivienda sin una financiación adecuada, que además se mantenga estable en el tiempo, utilizando en su caso, mecanismos como las preasignaciones presupuestarias, esto es la previsión de un mínimo presupuestario dedicado a vivienda", explican.
Por eso, piden leyes que obliguen a las administraciones a garantizar este derecho, más viviendas públicas, nuevos modelos como compartir piso entre generaciones o personas solas, y que las distintas administraciones trabajen juntas para no duplicar esfuerzos ni bloquear soluciones.
MÁS INVERSIÓN
Una de las recomendaciones más firmes que lanzan los responsables de la Cátedra es la necesidad urgente de aumentar de forma sostenida la inversión pública en vivienda. España destina actualmente apenas el 0,14 % de su PIB a este ámbito, lo que equivale a 34 euros por habitante al año. Esta cifra queda muy lejos de la media de la Unión Europea, situada en 160 euros, e incluso más alejada de países como Irlanda, que alcanzan los 334 euros por persona.
Esta falta de recursos públicos, según los codirectores Judith Gifreu y Juli Ponce, ha sido una constante durante décadas y ha impedido la construcción de un parque público de vivienda suficiente. De hecho, recuerdan que entre 2007 y 2018 el gasto estatal en vivienda se redujo un 38 %, mientras que en Cataluña cayó un 50 % entre 2008 y 2020. "Imaginar un sistema sanitario o educativo con este nivel de financiación sería inaceptable. Sin embargo, en vivienda se ha tolerado", señalan.
Por eso, la Cátedra propone establecer mecanismos de financiación estables, como las preasignaciones presupuestarias, que aseguren un suelo mínimo de gasto sostenido en el tiempo. Según sus cálculos, para alcanzar el estándar europeo sería necesario cuadruplicar la inversión actual y mantenerla durante años, no como medida coyuntural, sino como política estructural.
También subrayan que el problema no es solo de cifras, sino de voluntad política. "No se puede garantizar un derecho constitucional sin recursos. La vivienda debe tratarse como una prioridad presupuestaria, al mismo nivel que otros servicios esenciales del Estado del bienestar", afirman.
SERVICIO PÚBLICO OBLIGATORIO
La Cátedra propone que los ayuntamientos tengan la obligación legal de garantizar acceso a vivienda asequible, del mismo modo que deben ofrecer escuelas, centros de salud o transporte público. Hoy en día, ningún municipio está obligado por ley a dar respuesta habitacional, ni siquiera en situaciones extremas como personas sin hogar.
Según sus responsables, esta ausencia de obligación ha impedido que se construya un parque público suficiente para ofrecer alternativas reales a los precios del mercado. "Cuesta entender que, frente a una emergencia habitacional estructural, el acceso a una vivienda digna no se considere una obligación básica de los ayuntamientos", afirman.
Disponer de un parque público fuerte ?gestionado desde lo local? permitiría ofrecer pisos con precios regulados y estables, especialmente para quienes no pueden acceder al mercado. Para que eso sea posible, la Cátedra pide una reforma legal que reconozca la vivienda como servicio público básico, competencias claras para los ayuntamientos y recursos suficientes para intervenir donde más se necesita.
Uno de los mensajes más contundentes de la Cátedra es que no basta con decir que la vivienda es un derecho: hay que obligar legalmente a las administraciones a actuar para que se cumpla. Tal y como recuerdan sus codirectores, "la política pública de vivienda en la actualidad ha de estar al servicio de la efectividad del derecho subjetivo a la vivienda".
Esa efectividad, explican, se tiene que traducir en compromisos claros y medibles: por ejemplo, ofrecer alternativas habitacionales a personas sin hogar o a familias que no pueden pagar el alquiler. En palabras de la Cátedra, "esta efectividad tiene que conducir progresivamente al establecimiento de obligaciones concretas de resultados a los poderes públicos respecto a alojamiento".
En comunidades como el País Vasco o en países como Francia ya existen mecanismos legales que exigen a las autoridades ofrecer soluciones en los casos más graves. "Obligaciones que tienen que permitir su exigencia a las autoridades públicas competentes, en su caso, si es preciso, en vía judicial", añaden.
También advierten que las promesas deben ir acompañadas de planificación y seguimiento. Citan como ejemplo el Plan Territorial Sectorial de Vivienda en Cataluña, que prevé llegar al 15?% de vivienda social en 20 años. Para que este objetivo se cumpla, insisten, hay que revisar cada cinco años si se está avanzando y tomar medidas si no es así.
FISCALIDAD
Por último, la Cátedra advierte que ninguna política de vivienda será efectiva si no se cuenta con una fiscalidad justa y coherente. Esto significa, según sus responsables, dejar de premiar actividades especulativas y empezar a orientar los impuestos e incentivos hacia el acceso real a la vivienda.
"Sería deseable aprovechar a fondo la tributación como herramienta para realizar políticas públicas de vivienda asequible, con además evaluación de sus efectos", apuntan. Señalan que hoy conviven beneficios fiscales que no siempre cumplen su objetivo social, y proponen revisar a fondo estas medidas.
Entre sus propuestas figura, por ejemplo, aplicar el IVA correspondiente a los usos turísticos de las viviendas ?como los alquileres de temporada o los pisos turísticos?, de forma que se desincentive su expansión en zonas con fuerte presión residencial. También defienden impuestos a la especulación y mecanismos para capturar parte del beneficio que genera el crecimiento urbano y destinarlo a vivienda pública.
De hecho, alertan de que la turistificación y la gentrificación están alimentando procesos de segregación residencial, donde las familias con menos recursos quedan relegadas a la periferia. Frente a ello, proponen medidas urbanísticas claras, como reservar suelo para vivienda protegida también en el centro de las ciudades. "Todas las medidas en materia de urbanismo y vivienda deben tender al logro de la mezcla social en el territorio y a la evitación de la gentrificación", afirman.
Además, la Cátedra ve clave implicar al sector privado y al tercer sector en la promoción de vivienda asequible, pero con garantías. Proponen fórmulas como el derecho de superficie o sociedades mixtas, siempre bajo "un liderazgo público y marcos reguladores sólidos que aseguren la rentabilidad social, la transparencia y la permanencia de estas viviendas en circuitos asequibles".
La Cátedra insiste en que la crisis habitacional es el resultado de múltiples factores que se entrecruzan. Por ello, subraya la importancia de abordarla con una mirada integral y transdisciplinar, como la que impulsa desde su origen, combinando el conocimiento jurídico, económico, urbanístico y social. Solo así, concluyen, será posible diseñar políticas públicas eficaces y sostenibles que garanticen el acceso a la vivienda como un derecho real y no como una promesa inalcanzable.