Zaragoza
Nuevo capítulo en la herencia del empresario Ángel Luengo, del Grupo Samca, y de su esposa Aurora Sanz y que podría suponer un cambio de rumbo en el proceso judicial que se mantiene abierto ante la decisión de recurrir a los tribunales, con la presentación de una demanda, de dos hijos y una nieta del matrimonio Luengo-Sanz para pedir la nulidad del contrato sucesorio, que tenía por fin anular la autonomía de Aurora Sanz, esposa del empresario, y sobre el que indican que no respetaba su voluntad real a la hora de distribuir la herencia.
Y el giro puede venir de la presentación judicial de un exdirector general de SAMCA, que ha presentado un escrito ante la Audiencia Provincial de Zaragoza en el que se reconoce de forma explícita la veracidad de los hechos presentados en la demanda por parte de dos hijos y nieta de la familia Luengo-Sanz para pedir la nulidad de este contrato sucesorio de 12 de noviembre de 2010.
El exdirectivo ha revelado que los empleados de SAMCA demandados en el caso recibieron presiones e instrucciones para apoyar la posición de los herederos y oponerse a la demanda. Esto, según se indica, incluía negar los hechos alegados por los demandantes y defender la validez del impugnado contrato sucesorio.
Esta nueva información reflejaría así las presiones ejercidas dentro de SAMCA con el fin de validar un plan sucesorio sobre el que la parte demandante vine manteniendo que se impuso contra la voluntad y el entendimiento de Aurora Sanz, en un momento de vulnerabilidad para ella.
Además, estos nuevos datos también podrían respaldar y dar veracidad a unas grabaciones telefónicas que apoyan la versión de los demandantes, pero que no fueron admitidas por el Juzgado. Y es que el directivo, el único de SAMCA demandado, conocía bien a Aurora Sanz, tanto sus preferencias como carácter, por la relación personal estrecha mantenida desde hacía muchos años.
El escrito judicial viene también a corroborar conversaciones telefónicas en las que se confirma que tanto el exdirectivo como otros empleados de SAMCA fueron instados a oponerse a la demanda y que recibieron instrucciones de sus superiores -en este caso los herederos-, sobre cómo debían responder a la demanda y definir su postura procesal.
Además, el exdirectivo apunta a que no estuvo de acuerdo con la estrategia de defensa dictada por los abogados de los herederos por no reflejar la "verdad" que él asegura conocer de primera mano. No obstante, matiza que optó por una postura más pasiva para no perjudicar un acuerdo verbal de salida con los herederos, que estos incumplieron posteriormente, tomando represalias después de que él no se alineara con la posición legal.
La nueva información aportada reflejaría que Ángel Luengo impuso su voluntad sobre la de su esposa no solo en el contrato sucesorio, sino también en los testamentos de los años 2003, 2004 y 2007, aparte de indicarse que Aurora había comunicado al exdirectivo su deseo de que sus hijos fueran los herederos de SAMCA y que, en concreto, uno de ellos, fuera el presidente de la compañía tras el fallecimiento del empresario. Es más, ahora sale a la luz que el propio Ángel Luengo, indicó al exdirectivo de SAMCA que Aurora tenía "deseos distintos" a los reflejados en el contrato sucesorio, entre otros argumentos.
La parte demandante confía en que esta nueva declaración del exdirectivo permita demostrar que el contrato sucesorio es nulo por contravenciones legales y por representar una lesión jurídica de relevancia constitucional que los tribunales no puedan amparar.
El contrato sucesorio
La demanda que se presentó busca la nulidad del contrato sucesorio de 2010 para lo que se argumenta que fue diseñado para anular la libre voluntad de Aurora Sanz para sustituirla por la de su esposo, el empresario Ángel Luengo.
El contrato recogía un mecanismo por el que, tras fallecer el empresario, las decisiones de Aurora Sanz, sobre sus asuntos económicos y patrimoniales serían controladas irrevocablemente por terceros -dos nietos y directivos de SAMCA-, que fueron designados por Ángel Luengo. De esta manera, ella no ejercía control efectivo sobre sus bienes, lo que la parte demandante considera que viola sus derechos fundamentales.
En concreto, han alegado que Aurora Sanz estaba en un estado particularmente vulnerable cuando se firmó el contrato, con sus capacidades intelectivas y volitivas mermadas. Pese a ello, en lugar de recibir la protección legal requerida para personas con discapacidad, el contrato sucesorio estableció "medidas alternativas" privadas al margen de cualquier control judicial o fiscal, lo que derivó la incapacitación de hecho. La demanda también alega vicio del consentimiento, dolo, captación de voluntad e influencia indebida para obtener la firma de Aurora.
