El Ayuntamiento de Estepona deberá reembolsar más de 1,2 millones de euros, además de los intereses legales correspondientes, como consecuencia de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anula un convenio urbanístico firmado en 2005 por el entonces gobierno socialista de la localidad.
El acuerdo, firmado con una promotora para desarrollar la finca 'Cortijo la Teja', requería una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), pero nunca se llevó a cabo. Según recoge la resolución judicial, el proyecto vulneraba la normativa urbanística vigente en aquel momento, al sobrepasar los límites de expansión previstos por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, aprobado en 2006.
Las cantidades aportadas por la empresa —1.225.242,99 euros— fueron empleadas por el anterior ejecutivo municipal para sufragar gastos corrientes, como el abono de nóminas de empleados públicos, contraviniendo la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). La promotora inició en 2017 un proceso judicial para reclamar la nulidad del convenio y la devolución de los importes entregados.
Saneamiento financiero
El fallo se enmarca en una serie de procedimientos judiciales que han salpicado al consistorio en los últimos años, relacionados con convenios urbanísticos firmados durante la anterior etapa de gobierno. A la llegada al poder en 2011 del actual alcalde, José María García Urbano (PP), el Ayuntamiento acumulaba una deuda global de 304 millones de euros. Para hacer frente a las posibles condenas judiciales, se creó un fondo de previsión específico para este tipo de litigios.
Según fuentes municipales, más de 30 millones de aquella deuda inicial correspondían a facturas impagadas a proveedores. En el caso concreto de los convenios urbanísticos, se estima que varias operaciones firmadas durante los años previos no llegaron a ejecutarse y que, sin embargo, los fondos entregados por empresas privadas fueron consumidos sin contraprestación.
"El actual equipo de gobierno ha conseguido abonar prácticamente la totalidad de esa deuda histórica, aunque aún se siguen resolviendo judicialmente responsabilidades pasadas", explican desde el Ayuntamiento.
Impacto sobre la planificación urbanística
La sentencia pone de nuevo el foco en la gestión del urbanismo local y en la necesidad de reforzar los mecanismos de control sobre convenios firmados entre administraciones públicas y promotoras. El fallo subraya que, ya en el momento de la firma, el desarrollo previsto superaba el límite legal del 40 % de incremento del suelo urbanizable respecto al suelo urbano existente, como establecía la norma autonómica.
Además de la devolución del importe económico, el fallo obliga al Ayuntamiento a asumir los costes judiciales y los intereses legales acumulados durante casi dos décadas. El gobierno municipal ha reiterado su intención de cumplir con las resoluciones judiciales mientras continúa avanzando en la estabilidad financiera del consistorio.
Municipio sin pasivo financiero
Paralelamente, el Consistorio ha terminado de pagar casi siete millones de euros a la que fue la mayor empresa constructora durante el mandato del PSOE. La deuda, acumulada por impagos en actuaciones como la urbanización del Seghers, la Escuela de Policías o la reurbanización del Pabellón del Carmen, fue parcialmente abonada en 2012 a través del decreto estatal de pago a proveedores. El resto, litigado en los tribunales, ha generado nuevas sentencias condenatorias contra el Consistorio.
La concejal de Hacienda, Ana Vilaseca, ha subrayado que el periodo medio de pago en la etapa socialista alcanzó los 1.492 días, muy por encima del límite legal de 30. A día de hoy, y gracias a los últimos datos de superávit presupuestario, el Ayuntamiento trabaja en la amortización anticipada de toda su deuda bancaria, lo que situaría a Estepona entre los grandes municipios españoles sin pasivo financiero.
