Zaragoza
Aragón prepara una nueva Ley de Función Pública con el fin de adaptar este marco a la actualidad y a los cambios que se han producido en la sociedad, incorporar las nuevas tecnologías y contemplar las modificaciones de tipo laboral acontecidas en estos años desde que se diera el visto bueno al actual marco vigente que data de 1991.
El objetivo es hacer una ley "moderna y acorde a la evolución producida desde 1991", ha afirmado Antonio Villacampa, director general de Función Pública, quien ha incidido en que este nuevo marco legal va a permitir incorporar novedades como la digitalización y la inteligencia artificial.
"Obedece a lo que ha cambiado en la sociedad. La ley debe recoger esos cambios, la evolución de la sociedad y la tecnología", dado que sin este nuevo marco legal que se prepara "no se podría hablar de inteligencia artificial o de digitalización", ha incidido.
Además, la nueva ley también contemplará modificaciones para atender los cambios producidos en el plano de la formación y laboral con la entrada en vigor del Plan Bolonia.
La previsión es que la ley esté aprobada a finales de esta legislatura. De este modo, se plantea que el nuevo texto llegue a las Cortes de Aragón este verano con el fin de que se debata y se establezcan las comisiones respectivas. Y, aunque el proceso es largo, "es una ley que esperamos que no tenga grandes oposiciones políticas".
De hecho, se espera encontrar consensos para lo que se va a trabajar previamente a su llegada a las Cortes de Aragón para agilizar todo el proceso y el texto nazca ya con el máximo consenso en el caso de anteproyecto para que se pueda aprobar en el año y medio que queda de legislatura.
Este nuevo marco legal es uno de los ejes en los que se está trabajando desde el área de Función Pública del Gobierno de Aragón, que también está impulsando un nuevo Decreto de Indemnización por Razón del servicio con el fin "igualar una disfunción" existente entre profesionales, que se prevé que próximamente vea la luz.
Otras medidas son la evaluación de los puestos de trabajo de toda la Administración para valorar las dificultades del desarrollo de cada uno de los puestos y la elaboración del Plan de Prevención de Riesgos Laborales en todos los departamentos que, además, es obligatorio por ley.
Son acciones a las que se suman las convocatorias de oposiciones de los años 2023, 2024 y 2025 con un total de 2.646 plazas para trabajar en la administración, lo que permitirá reducir la tasa de temporalidad para situarla en torno al 8% al final de la legislatura.
