Los subdirectores y secretarios provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) mantienen el calendario de movilizaciones y huelga para pedir reformas estructurales que eviten el colapso del servicio al que se acerca el sistema por el aumento de la carga de trabajo. Es la cuarta semana ya en la que los mandos intermedios protagonizan paros parciales (de dos horas varios días a la semana).
Los portavoces de la protesta explican que la creación de nuevas prestaciones como el ingreso mínimo vital, el aumento de las solicitudes de jubilación por los cambios normativos y la llegada a la edad legal de la generación del "baby boom", el incremento de las reclamaciones y revisiones "está colapsando las oficinas del INSS con dificultades para obtención de cita previa e incrementado la conflictividad y empeorando considerablemente las condiciones de trabajo".
Hay puntos concretos sobre los que se alerta especialmente, como el "descontrol" de las incapacidades laborales (con el consiguiente aumento del gasto público) o la dilatación de los tiempos de tramitación de los procedimientos.
El deterioro del servicio público ha llevado incluso a que "el Defensor del Pueblo haya llamado la atención sobre el problema", lamentan.
Cifras
Los convocantes (que actúan sin apoyo de sindicatos) ponen cifras a la situación que dejan en evidencia mensajes triunfalistas lanzados desde la política sobre el aumento en la protección social: hay 133.000 bajas médicas de más de un año sin resolver (un 80% que en 2023); más de 82.000 expedientes de incapacidad permanente permanecen pendientes; 80.000 reclamaciones del Ingreso Mínimo Vital siguen sin respuesta; 42.000 revisiones de pensiones se encuentran en espera, muchas por agravamiento de enfermedad o cambios en la situación laboral; y los tiempos de espera en algunos trámites superan los dos años.
Las primeras semanas de paro tuvieron un seguimiento masivo de los convocados a la huelga, según afirman los convocantes. Las protestas podrían incluso verse incrementadas en intensidad.
Con estos paros, los directivos territoriales del INSS reclaman "soluciones estructurales para revertir la situación de caos de una entidad gestora que con una estructura del siglo pasado y con unas plantillas envejecidas y mermadas, pretende hacer frente a los colosales retos de la protección social del siglo XXI".
Avisan de que el Ministerio, ante estas movilizaciones, no ha trasladado "ninguna propuesta concreta a ninguna de las demandas, agravando la situación de deterioro de la gestión en prestaciones sociales de una relevancia vital para el conjunto de los ciudadanos y empresas".
Servicios afectados
Los paros, según avisan, ya han motivado entre otros aspectos "la suspensión de la actividad regular de los tribunales médicos o equipos de valoración de incapacidades", de los que la mayoría de estos directivos son sus presidentes, con "más de ochenta mil expedientes de incapacidad permanente pendientes de calificación, con miles de expedientes que han quedado paralizados".
También se ven afectados por los paros los reconocimientos de las prestaciones, se están suspendiendo mesas de contratación y en general el servicio se está resintiendo.
El Ministerio ha explicado que ya mantuvieron una reunión el pasado mes de febrero, de la que salieron planteamientos que se deben evaluar internamente en los ámbitos organizativo, retributivo y formativo.
