La Confederación Española de Policía (CEP) ha denunciado este lunes que el Gobierno "se vuelca" en la "financiación privilegiada" de las policías autonómicas, administrando más de 1.500 millones de euros en los últimos seis años, de los que, según sus cálculos, el 91,7% es destinado a los Mossos d'Esquadra.
A través de una circular, bajo el título 'Lluvia de millones para las policías autonómicas mientras interior sigue bloqueando las mejoras en nuestro cuerpo', denuncia que "es el equivalente al presupuesto del Programa de Acción Social de la Policía Nacional de 135 años. O el dinero que permitiría comprar más de 386.000 táser de última generación. O la cuantía necesaria para tener 1,6 millones de chalecos antibalas externos más. O lo que costaría el renting de más de 32.000 vehículos patrulla híbridos durante cuatro años. Con ese dinero, con esa misma cifra, podrían reformarse y construirse todas las Comisarías Provinciales y Locales de España. Pero no, esos 1.512 millones de euros el Gobierno los ha dedicado a financiar entre 2019 y 2024 a las Policías autonómicas, especialmente a los Mossos d'Esquadra, que se han llevado el 91,7% de toda esa 'pasta'".
"Pagamos todos los españoles para costear la seguridad de unos pocos, vuelve a dejar en evidencia a un Ministerio del Interior que continúa bloqueando nuestras reivindicaciones y frente al que CEP sigue, después de once meses, en conflicto colectivo", prosigue.
Continúa denunciando la jubilación anticipada de las policías autonómicas: "La partida más sangrante es la que financia el coste de la jubilación anticipada de sus miembros. Son 236,5 millones de euros que el Estado ha pagado a Cataluña, País Vasco y Navarra para financiar algo que a nosotros se nos niega. Porque mientras esos Cuerpos de seguridad (o los Locales y todo tipo de profesiones más) tienen la consideración de profesión de riesgo, nosotros seguimos sin conseguirla".
"La lluvia de dinero con la que se riega a los Mossos incluye hasta 1.218 millones de euros en estos últimos años para hacer frente al coste de cada agente autonómico, de acuerdo con un módulo que se diseñó en 2009 y se ha actualizado en 2023. A más mossos, más cargas para el Estado. Y donde la Generalitat acordó con Interior un tope de 22.006 agentes (en 2021), luego lo subió a 25.000 (en 2024) y ahora pretenden llevarlo hasta 26.800. Por tanto, mientras todos los españoles pagamos la seguridad de los catalanes, lo cierto es que los policías nacionales seguimos sin tener una equiparación salarial real y completa", aclara respecto al casi 92% que se atribuye a los Mossos.
"En el colmo del descaro, en 2023 se destinaron 43 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado a la transición ecológica de los Mossos, con inversiones en edificios y vehículos. Solo con ese dinero, la DGP podría proporcionar 12.000 táser para hacer frente al nuevo repunte de agresiones a policías y guardias civiles, que en 2024, como viene denunciando CEP desde hace una semana, alcanzó una cifra récord de 16.878 delitos de atentado. En CEP lo tenemos claro: firmes en el conflicto frente a un ministerio que más pronto que tarde será un mal recuerdo en nuestro colectivo", sentencia.
