El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga la trama de los hidrocarburos vinculada a Víctor de Aldama y que habría estafado a la Agencia Tributaria más de 200 millones de euros, ha solicitado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que recabe el expediente de la licencia de operadora que el ministerio de Transición Ecológica, entonces dirigido por Teresa Ribera, concedió a Villafuel, la empresa central de la red.
El magistrado, según expone en una resolución a la que ha tenido acceso este periódico, encarga a los investigadores que se queden con una copia de la concesión a "efectos de poder continuar con la investigación". Los agentes explicaron en uno de sus informes que Villafuel estaba en realidad controlada por uno de los socios de Aldama, Claudio Rivas, y que fue quién recurrió al comisionista y al exasesor de Ábalos, Koldo García, para que consiguieran una reunión con el ministerio de Transición Ecológica, con el objetivo obtener la licencia de operadora.
De hecho, aseguraron que habría claros "indicios" de delito al esclarecer cómo otra empresa de la trama de los carburantes, Have Got Time, "controlada también por Claudio Rivas", compró el chalet de La Alcaidesa que disfrutó el exministro José Luis Ábalos. Pedraz, sin embargo, no ve hechos que le vinculen con la concesión de la licencia de la trama y rechazó, por tanto, remitir una parte de la causa al Tribunal Supremo tras la solicitud del Partido Popular: "Tal condición fue obtenida más de un año después de hacer cesado el Sr. Ábalos como ministro", expuso.
En cualquier caso, esto supone dar un paso más en la investigación de la trama que, además, desvió 74 millones de euros a cuentas bancarias y sociedades establecidas en Portugal, China y Colombia. De hecho, la red habría desviado también fondos procedentes de la actividad delictiva de Villafuel a sociedades radicadas en Suiza y, posiblemente, en Luxemburgo, que goza de una menor presión fiscal.
Cabe recordar, en paralelo, que este miércoles presentó declaración el considerado por la UCO el "cerebro" de la trama, Francisco Javier Cillán, ante el magistrado. El también definido por los agentes como el encargado de gestionar "la estrategia comercial y las relaciones de compraventa de hidrocarburos" que Villafuel mantenía con las más de 50 sociedades investigadas negó haber tenido un papel clave en la red. De hecho, aseguró que seguía órdenes de María Luisa Rivas Ruiz-Capillas, la hermana de Claudio Rivas.
