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El juez de la Audiencia Nacional del 'caso Koldo' no descarta nuevas imputaciones por el "numeroso material incautado"

  • Prorroga seis meses las pesquisas por la cantidad de información pendiente de analizar
  • Ismael Moreno investiga el cobro de comisiones a cambio de contratos públicos
Imagen de recurso de la fachada de la Audiencia Nacional. Foto: EP.

Ismael Moreno, el juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Koldo', ha ampliado seis meses las investigaciones debido al "numeroso material incautado" y que todavía está siendo analizado por parte de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

En un auto, el magistrado informa de que, tras el análisis de todos los documentos, se podrían aumentar tanto el número de diligencias como el de imputados, refiriéndose a la investigación, "cuyo avance irá determinando la práctica de nuevas diligencias e incluso de nuevas imputaciones".

En concreto, queda pendientes el análisis de la información que se consiguió gracias a las incautaciones de teléfonos, ordenadores y documentación de los investigados en las diligencias de entrada y registro.

Dado que el plazo de instrucción finalizaba este próximo 8 de marzo, con esta prórroga de seis meses durará, al menos, hasta el 8 de septiembre.

Tal y como recuerda Europa Press, en este procedimiento Moreno investiga el pago de presuntas comisiones a cambio de adjudicaciones de contratos públicos. El grueso de la causa, sin embargo, quedó en manos del Tribunal Supremo después de que el magistrado elevara el asunto al considerar que era necesario investigar al exministro de Transportes José Luis Ábalos por el supuesto "papel principal" que habría jugado en la presunta trama.

La pasada semana el Juzgado Central de Instrucción Número 2 acordó enviar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil una caja "que ha aparecido" en la propia sede judicial y que contiene documentos tanto del exasesor ministerial Koldo García como de su hermano Joseba García.

Las entradas y registros por la 'operación Delorme' tuvieron lugar el 20 de febrero de 2024, por lo que el hallazgo llega transcurrido más de un año desde los mismos. En esta causa se investigan las presuntas mordidas en la adjudicación pública de contratos para la compra de mascarillas durante la pandemia.

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