El empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado un acto de conciliación con la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, previo a una posible querella por injurias y calumnias en la que reclamará una indemnización de 40.000 euros si no rectifica unas manifestaciones, explica EFE.
En esta ocasión el empresario ha presentado una demanda de conciliación en la que busca que la ministra Pilar Alegría se retracte de las manifestaciones que realizó el martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
En su intervención, la portavoz indicó que "el origen del delito está donde está, está en la pareja de la señora Ayuso" y que "hace casi ya un año que conocimos por parte de su abogado que había cometido dos delitos fiscales", en relación al pacto ofrecido por la defensa de González Amador al fiscal.
Unas palabras en las que los abogados del empresario ven indicios de injurias y calumnias, por lo que han presentado esta demanda de conciliación previa a la presentación de una querella, en la que se plantean solicitar una indemnización de 40.000 euros, según las fuentes.
Sánchez, Bolaños, Montero y Maroto, otras víctimas
No se trata de la primera amenaza de querella por parte de González Amador a miembros del Gobierno o del PSOE. De hecho, la pareja de Ayuso ya solicitó otros actos de conciliación a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno; Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda; y Reyes Maroto, exministra de Industria y actual concejal socialista del Ayuntamiento de Madrid.
En el caso de Sánchez y Bolaños, González Amador les pidió 100.000 y 50.000 euros, respectivamente, por llamarle "delincuente confeso", después de que ninguno acudiese al acto de conciliación planteado por la defensa del empresario.
Respecto a Montero, la vicepresidenta también se ausentó de esa conciliación y González Amador se querelló contra ella reclamándole 40.000 euros por intromisión al honor después de que la ministra de Hacienda asegurase que viviese "en un piso que se pagó con un fraude a la Hacienda Pública" y que "se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia".
En lo referente a Maroto, González Amador le reclama 20.000 euros después de que la concejala socialista le llamase "defraudador confeso".
