Ocho de cada diez ayuntamientos se saltan la ley de transición energética por deficiencias, entre otros asuntos, en sus Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). El Tribunal de Cuentas alerta en uno de sus últimos informes de que tan solo el 22% de las administraciones locales cumplían en sus planes con la totalidad de los requisitos que exige la normativa y que, además, la mayor parte de ellos no tenían un diagnóstico adecuado que evaluase la situación real de movilidad urbana. Algo que, juicio del Tribunal, significa que "la mitad de los ayuntamientos estaban realizando "actuaciones sin planificación general alguna".
De acuerco con el informe, el 70% de los ayuntamientos carecía de normativa en materia de movilidad y transporte público, contraviniendo la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio climático y Transición Energética. Uno de los requisitos que marca la normativa es que los municipios de más de 50.000 habitantes tienen la "obligatoriedad" de incluir en sus planes iniciativas que reduzcan eficazmente el impacto medioambiental de la movilidad al menor coste posible.
El organismo fiscalizador expone, sin embargo, que el 78% de los PMUS presentaban deficiencias de cumplimiento y que otro 22% de los ayuntamientos fiscalizados ni si quiera contaba con un Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Entre ellos, figuran, por ejemplo, los de Aranjuez y Colmenar Viejo, en la provincia de Madrid; L'Hospitalet de Llobregat y , Santa Coloma de Gramenet, en la de Barcelona; Santiago de Compostela, Tarragona y Torrevieja, en Alicante.
Por comunidades autónomas, los ayuntamientos que experimentan un menor grado de cumplimiento se concentran en Cantabria, La Rioja, y Asturias, donde ninguna entidad contaba con planificación. En Andalucía, por ejemplo, solo el 23% de las entidades contaban con una planificación de cambio climático.
El Tribunal de Cuentas resalta, que de aquellas administraciones locales que sí contaban con un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, solo el 43% habían establecido zonas de bajas emisiones y habían contado con la participación ciudadana, un requisito indispensable recogido en la legislación.
Lo mismo ocurre con los planes específicos de electrificación, que solo fue cumplido en un 34% de los casos. En paralelo, el Tribunal de Cuentas alerta que casi la mitad de los municipios de más de 20.000 habitantes" no tenían ningún plan en materia de ahorro y eficiencia energética en edificios públicos, pero tampoco los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes. De hecho, solo las diputaciones locales de Ávila, Benidorm, Boadilla del Monte, Jerez de la Frontera y Salamanca implementaron un plan de estas características que, según recoge la normativa, busca reducir a cero las emisiones.
