El Ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha pronunciado a través de un post en la red social 'X' sobre la ley que impulsará el PSOE para limitar las acusaciones populares, motivada por "el acoso" sufrido por Pedro Sánchez y su entorno en los últimos meses.
"Es enternecedor ver a juristas y pseudo juristas defender que la limitación de la figura de la acusación popular acaba con el control del gobierno por la justicia cuando no existe en ningún otro país de la UE. Nuestros colegas europeos no deben tener ni democracia ni justicia" sentencia Puente.
Este mensaje no es más que una respuesta a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), ya que han emitido un comunicado conjunto donde alertan de que la proposición de ley registrada el pasado viernes por el PSOE en el Congreso de los Diputados para, entre otras cosas, limitar la acción popular, permitirá que "gobiernos de cualquier signo" puedan eludir el control de la Justicia, recoge Europa Press.
La proposición de ley limita la acción popular al vetarla para los partidos políticos y las asociaciones profesionales y expulsar a las acusaciones populares de la fase de instrucción. Además, incluye una nueva causa de recusación y abstención para jueces y magistrados, de modo que se les pueda apartar de los casos por sus declaraciones políticas; impide que puedan abrirse investigaciones judiciales por querellas basadas únicamente en informaciones periodísticas; y suprime el delito de ofensa contra los sentimientos religiosos.
AJFV y FJI señalan que, si bien han manifestado en múltiples ocasiones su "preocupación" por "la instrumentalización que gobiernos de distintos partidos han hecho de la acusación pública", la acción popular está reconocida en el artículo 125 de la Constitución como un "derecho de los ciudadanos" para "formular acusación distinta" de la Fiscalía y de las víctimas del delito.
A su juicio, "la restricción del ejercicio de la acción popular que se pretende supone el riesgo de que determinados hechos escapen del conocimiento de los juzgados y tribunales". En concreto, alertan de que "gobiernos de cualquier signo podrían aprovechar la falta de independencia del Ministerio Fiscal y la limitación de la acción popular para crear espacios de impunidad y eludir el control que respecto de su actuación han de llevar a cabo los jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial".
Avisan igualmente de que "la imposibilidad de que las asociaciones profesionales de jueces puedan ejercer la acción popular supondría una injustificada limitación al papel que estas entidades han de tener en defensa de la independencia judicial y de los derechos profesionales de la carrera, así como para la promoción y defensa del Estado de Derecho".
Es enternecedor ver a juristas y pseudo juristas defender que la limitación de la figura de la acusación popular acaba con el control del gobierno por la justicia cuando NO EXISTE EN NINGUN OTRO PAÍS DE LA UE. Nuestros colegas europeos no deben tener ni democracia ni justicia. https://t.co/pe2DJTjsnR
— Oscar Puente (@oscar_puente_) January 14, 2025
