La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado este viernes la imputación de Alvise Pérez por los desordenes públicos de Ferraz al considerar que el eurodiputado incitó públicamente a cometer estos tumultos. En un informe al que ha tenido acceso en exclusiva este periódico, el fiscal solicita a la Sala de lo Penal que el líder de Se Acabó La Fiesta se declare competente y que solicite el suplicatorio, dada su condición de aforado, para su declaración.
Cabe recordar que en el momento de las manifestaciones masivas de 2023 en la sede central del PSOE, Alvise aún no era eurodiputado y utilizó su canal de Telegram como uno de los principales centros de difusión para la convocatoria de las protestas. En el escrito, el organismo público considera que su actuación pudo incitar "a llevar a cabo acciones que pudieran ser calificadas de atentado y resistencia contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones, e incluso a elaborar y emplear sustancias que podrían ocasionar un gran perjuicio contra la salud de las personas".
Pese a que se podría plantear la cuestión de si estos hechos son o no susceptibles de la comisión de un delito, la Fiscalía, por su parte, argumenta que dicha red social es "un canal abierto al público, con una elevada capacidad de difusión atendiendo al número de sus seguidores y visualizaciones" del político y que, por tanto, cabe entender que Alvise "puede aparecer indiciariamente como autor del presunto delito de desórdenes públicos". El organismo público ha solicitado el oportuno suplicatorio al Parlamento Europeo "para obtener la suspensión de la inmunidad" del político a fin de prestarle declaración sobre los hechos descritos.
En paralelo, el Alto Tribunal investiga si el político cometió o no un delito de financiación ilegal al haber recibido 100.000 euros para financiar su campaña electoral del empresario Álvaro Romillo después de que el magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, admitiera a trámite la denuncia presentada el pasado mes de octubre. El juez que instruye el procedimiento, no obstante, acordó investigar la supuesta estafa piramidal a través de la red empresarial de Romillo que, tal y como adelantó este periódico, suma al menos 26 sociedades y llegó a estafar, presuntamente, 600 millones de euros a más de 2.000 inversores. De acuerdo con las fuentes consultadas, Romillo y su padre, Domingo Romillo, junto a otros socios, conformaron una compleja red societaria que prometía rentabilidades de más del 50% con inversiones en criptomonedas, arte, coches de lujo e incluso proyectos inmobiliario.
