Corrupción también en el mundo de la música. Si hace unos días la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil certificaba que la Diputación de Badajoz creó un puesto de trabajo para la contratación de David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, como coordinador de los conservatorios de la provincia, ahora se suma que la cesión de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) en beneficio del artista Víctor Manuel para una gira de conciertos fue una adjudicación 'a dedo'. De acuerdo con la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, se habría puesto la orquesta a disposición del artista sin un "procedimiento administrativo de contratación".
Esto, entre otras irregularidades, ha supuesto la destitución de la gerente de la OSPA, Ana Mateo, tras más de 17 años en el cargo. La decisión, tomada por el Consejo Rector, se aprobó tras el informe técnico presentado por la consejería de Cultura, que solicitaba el cese de Mateo por "pérdida de confianza". De acuerdo con la documentación, Mateo, además de permitir al artista asturiano disponer de la orquesta sin un "procedimiento administrativo de contratación", no cumplió con lo dispuesto en la legislación al remitir a la Dirección General de Presupuestos el anteproyecto de los importes sin comunicación previa o información a la Presidencia.
Ante esta situación, el diputado del Partido Popular, José Luis Costillas, exigió el pasado mes de noviembre al Gobierno asturiano explicaciones por la cesión de la orquesta pública de forma gratuita y sin contrato para una gira de cuatro conciertos y la grabación y comercialización de un disco del artista. "Creemos que estos hechos pueden ser constitutivos del delito de malversación de uso", declaró Costillas. Esta gira, además, supuso un reembolso para el artista de entre 450.000 y 500.000 euros y unos gastos superiores a los 15.000 euros para la entidad estatal.
En paralelo, la consejería de Cultura explica en su escrito que, para constatar que los procedimientos de contratación se estaban llevando a cabo dentro de la legalidad, solicitó en varias ocasiones los expedientes de todos los contratos celebrados en los últimos cinco años. Sin embargo, desde la gerencia solo se remitieron los "informes de necesidad" y no los de la adjudicación detallada. Además, de la documentación aportada, se detectó que, al menos, dos de ellos se tramitaron sin existir otras ofertas, sin la autorización de gasto correspondiente y sin la presentación de la factura.
Otras irregularidades
Por otro lado, la documentación alerta de que los contratos administrativos no estaban siendo reportados a la plataforma del Sistema Integral de Tramitación Electrónica (SITE), lo que puede "suponer una clara ralentización así del control por parte de los distintos organismos". Y, recuerda, "se trata de una obligación para todos los organismos autónomos", siendo la gerente la responsable de "velar por la legalidad formal de las actuaciones" de la OSPA. En cualquier caso, el Consejo concluye la "ausencia de un procedimiento administrativo de contratación".
La consejería también apunta que de las sesiones celebradas por la OSPA no hay constancia, al menos, de las actas de dos de ellas. "Habían sido extraviadas", reza el informe. Esto supondría también el incumplimiento de la legislación por parte de la gerente. Y, en la misma línea, la documentación señala que el organismo autónomo no estaría "cumpliendo con las exigencias de transparencia y publicidad" exigidas por la normativa.
Por su parte, desde el sindicato CSIF denuncian también que la gerente estaría vendiendo el libro Link Up, editado por ella misma a través de los fondos públicos, a la Consejería de Educación , siendo esto contrario a lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público que recoge, que para realizar cualquier actividad extra-laboral, tiene que ser solicitado previamente al organismo autonómico. De acuerdo siempre a las fuentes, Mateo no lo hizo.
Fallos en las oposiciones
Cuatro músicos de esta orquesta se presentaron el pasado mayo a las oposiciones para optar a la plaza fija, pero tres de ellos recibieron un 0 de calificación, pese a llevar al menos cuatro años y medio trabajando para el organismo. Los afectados presentaron un recurso en el Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada, el ente que se encarga de llevar a cabo estas pruebas y, sin embargo, fue desestimado al alegar que el tribunal desconocía la identidad de los candidatos. De acuerdo con las fuentes consultadas, Ana Mateo habría incluido entre el tribunal a representantes de sindicatos, lo que supuso una falta de "parcialidad".
