Galicia
La aprobación de los ERTEs por la DANA y los ERTE fue uno de los temas abordados en la inauguración del XX Encontro Galego de Relacións Laborais, que tuvo lugar en el Iberik Gran Balneario de Guitiriz con la presentación por parte de Antía Sández Callejo, presidenta del Consello Galego de Relacións Laborais, y la lección magistral del magistrado del Tribunal Supremo y también, catedrático universitario, Antonio Sempere Navarro.
El magistrado en la Sala de lo Social del Supremo abrió esta 20.ª edición haciendo referencia al asunto más destacado de la actualidad nacional, para posteriormente realizar un repaso de más de diez sentencias recientes con impacto en materia de negociación colectiva.
Al respecto, comenzó su alocución diciendo que "me cuesta empezar a hablar sin acordarme de tanta gente que se ha quedado sin casa, sin negocio o sin vida en mi comunidad, Valencia", aseguró Sempere, quien añadió que esta situación no es como el covid.
Sempere explicó que "se dice que los ERTE del covid nos dan el modelo, pero en aquella ocasión las empresas estaban durmiendo, mientras que ahora las infraestructuras ya no existen y no pueden volver a funcionar", explicó, reconociendo que en este asunto "el laboralismo" tiene mucho que decir.
El magistrado centró también su discurso inaugural en la negociación colectiva. "Si hacemos una encuesta a los miles de laboralistas, graduados sociales, sindicalistas, abogados, inspectores, magistrados y profesores sobre los tres problemas principales del derecho del trabajo hoy, apuesto a que no sale la negociación colectiva, pero sí la indemnización por despido, la jornada laboral, el despido colectivo o la jubilación", destacó.
Jornada laboral
Durante su intervención, revisó más de una decena de sentencias recientes con impacto en el ámbito sociolaboral. Entre otras, se refirió a las denominadas 1142 e 1161 (ambas de 2024), que afectan al régimen jurídico de registro de la jornada laboral, uno de los temas en los que se centra el debate de los grupos de trabajo durante a primera mesa del Encuentro.
En este sentido, el magistrado del Alto Tribunal explicó que "la ley pide que el convenio de empresa organice y documente el registro de jornada, garantizando que incluye el inicio y el final de la jornada de cada persona trabajadora", y lo facilite mensualmente a los comités y secciones sindicales.
Sempere ligó este requisito al origen de un conflicto colectivo, ya que los sindicatos piden que se les permita el acceso en tiempo real al contenido del registro, para saber lo que está pasando y corroborar, entre otras cosas, las horas extraordinarias de cada trabajador.
Finalmente, la presidenta do¡el Consello Galego de Relacións Laborais, Antía Sández, habló de la reforma del Real Decreto-lei 2/2024, que modificó la regulación de la negociación colectiva en el ámbito de las Comunidades Autónomas y, en su caso, de las provincias, para asegurar la aplicación de los acuerdos más favorables para las personas trabajadoras. T
También mencionó el alcance que tendría la implantación de una jornada máxima legal de 37,5 horas semanales en aspectos fundamentales como el registro horario, los derechos de conciliación, la distribución irregular de la jornada, el teletrabajo o la desconexión digital.
Sobre ella, resaltó cuales serían las ayudas de los convenios colectivos ante esa posible nueva regulación, pues no deberían adaptarse solamente para asumir la rebaja, sino que, asimismo, quedarían abocados a explorar las innovaciones necesarias para trasladar la letra de la ley a las múltiples realidades sectoriales, territoriales, funcionales y personales.
