
La comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León han reiterado su petición de revisar el nivel de protección del lobo y "adaptarlo a la realidad actual" en cada territorio para garantizar el equilibrio entre la conservación de esta especie y la actividad ganadera.
Esa fue una de las cuestiones abordadas este miércoles en una reunión técnica que se ha celebrado en Santiago entre representantes de las regiones citadas y que ha sido clausurada por la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez.
La responsable autonómica ha recordado que la Comisión Europea ya expuso la necesidad de "flexibilizar o incluso rebajar" ese nivel de protección. Así, Ángeles Vázquez ha remarcado que, según el censo de esta especie elaborado por la Xunta en 2022, la población de lobo ibérico se mantiene estable en Galicia, con 93 manadas registradas (tres más de las que había en 2013), con una presencia general en el 91% del territorio.
Ante estos datos que, ha apuntado, indican que el estado de conservación de la especie "no es desfavorable", por lo que Galicia espera que el Gobierno central rectifique su decisión de incluirlo en el Listado de especies silvestres en réxime de protección especial (Lesrpe).
Los representantes autonómicos han puesto en común el estado actual de la especie en cada uno de sus territorios para avanzar en la elaboración del próximo informe con el objetivo de que el Gobierno traslade a la Comisión Europea los datos reales sobre la población del lobo al norte del Duero.
En Asturias, por ejemplo, se superan las 45 manadas y en Cantabria son 20. En el caso de Castilla y León, está previsto que concluya la elaboración del censo en los próximos meses. También se ha abordado la necesidad de seguir apoyando al sector ganadero con ayudas tanto para paliar las consecuencias de los ataques del lobo como para implementar medidas preventivas.
Traspaso de fondos pendiente
Al respecto, Ángeles Vázquez ha insistido en reclamar al Gobierno central la transferencia a la comunidad de 12 millones de euros de fondos estatales que le corresponderían del periodo 2022-2024. Recuerdan que todavía no se ha producido el traspaso de los fondos correspondientes a 2024, cuyo reparto se acordó en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente celebrada el pasado mes de julio y por el que a Galicia, indican, le corresponden cuatro millones de euros.
Suman a esto que el año pasado no se llegó a hacer esa distribución de los fondos entre las comunidades por problemas internos del Ejecutivo central y que en 2022 el reparto "fue injusto" con Galicia por "no apoyar la estrategia nacional", motivo por el que la Xunta interpuso un recurso contencioso-administrativo que todavía no se ha resuelto.
Por último, ha recordado que Galicia destinó, entre 2016 y 2023, casi 8,4 millones de euros para prevenir y paliar los ataques de esta especie y en este año la Xunta convocó distintas líneas de ayudas que superan más de 2,5 millones de euros.