Pedro Rocha no podrá presentarse a las próximas elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. Así lo ha decidido el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 2 de la Audiencia Nacional al denegar la medida cautelar que el exfutbolista solicitó respecto a la sanción de dos años de inhabilitación, que le impuso el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).
Así, el exdirigente extremeño solo podría evitar esta decisión si el mismo tribunal admite un recurso urgente contrario a lo establecido, permitiéndole ser candidato a las próximas elecciones al principal organismo del fútbol español. Este recurso podría alagarse entre cuatro y seis meses. Con Rocha fuera de la presidencia, será María Ángeles García, actual vicepresidenta adjunta, quien asuma el cargo de forma provisional hasta que se convoque la apertura del proceso electoral.
Según el escrito remitido por la Audiencia Nacional, para adoptar una medida cautelar, el artículo 130.1 de la LJCA exige "necesaria e ineludiblemente, que la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso", y añade, que "en el presente caso no sucede tal cosa".
Por su parte, la defensa del exdirigente justifica la necesaria adopción de la medida cautelar con el argumento de que esto podría ocasionar un "perjuicio irreparable", ya que dada la proximidad electoral -se celebrarán en septiembre de este año- para entonces "no habrá una resolución judicial que confirme o anule la sanción de inhabilitación".
La decisión del Juzgado Central llega después de que el pleno del TAD aceptase parcialmente en el pasado mes de julio la propuesta de la instructora del caso, la abogada del Estado Marina Adela Porta Serrano, quien inicialmente llegó a plantear la inhabilitación de Rocha por hasta 6 años por la presunta comisión de tres infracciones consideradas como graves. Sin embargo, el TAD tan sólo le habría sancionado con la inhabilitación de dos años por el despido del anterior secretario general del organismo Andreu Camps, e impuesto sendas multas económicas de 16.500 euros cada una por la rescisión del contrato con GC Legal, el bufete al que pertenecía Tomás González Cueto. El exdirigente se extralimitó en sus funciones cuando presidía la comisión gestora al despedir a Camps por su cuenta, sin consultarlo con el resto de integrantes.
No obstante, el exdirigente también está imputado en el Juzgado número 4 de Majadahonda junto al expresidente Luis Rubiales, que investiga las irregularidad de los contratos del organismo deportivo que implican la realización de la Supercopa en Arabia Saudí.
