Bruselas
La Comisión Europea lanza su análisis sobre la situación del Estado de derecho en los países de la UE. La evaluación, que realiza de forma anual, tiene un toque de atención para España en lo que respecta a la ley de Amnistía. Si bien la Comisión Europea se ha abstenido de opinar sobre la normativa, sí ha reprochado al Gobierno que sacara adelante la norma por un procedimiento de urgencia.
La ley de Amnistía entró en vigor en junio de 2024 y su gran controversia propició que se viera sujeta a un análisis de la Comisión de Venecia. Bruselas ha alineado su inquietud con la de este organismo y ha criticado ese por el procedimiento de aprobación de emergencia al que se vio sometido. En el informe, la Comisión Europea apunta que "siguen preocupando algunas prácticas relacionadas con el uso de procedimientos de urgencia para la aprobación de legislación".
La Comisión Europea reconoce en su análisis que la ley de amnistía ha sido un tema de "gran controversia" que ha suscitado manifestaciones y declaraciones públicas por las partes implicadas, así como una lista extensiva de escritos al Ejecutivo comunitario. "La Comisión Europea ha conversado con las autoridades españolas para recibir clarificaciones de la ley de amnistía, que aún está analizando", ha apuntado Bruselas sin dar más detalles sobre su evaluación en marcha.
Preguntado por ese análisis aún en marcha, el comisario de Justicia, Didier Reynders, ha apuntado que Bruselas espera aún a la reacción de los tribunales españoles sobre la implementación de la ley de amnistía. "Hemos hablado con el Gobierno y el análisis todavía continúa", ha indicado el comisario belga para luego puntualizar que la evaluación de la Comisión Europea se basará en la interpretación de la justicia española, que es "la primera línea".
Entre las preocupaciones que han llegado hasta Bruselas por parte de la sociedad, la Comisión Europea menciona la lucha contra la corrupción, pero también las garantías del estado de derecho. Bruselas hace referencia a la valoración de la Comisión de Venecia sobre la normativa, que además de arrojar sus dudas sobre ese procedimiento de urgencia para la tramitación de la norma apuntó su inquietud por que cubra actos de terrorismo, malversación y corrupción, o la falta de precisión en su alcance material y temporal.
Con el acuerdo para el Consejo General del Poder Judicial reciente y su puesta en marcha en práctica durante estos días, Bruselas apunta en su análisis que si bien se han hecho avances en fortalecer el rol del fiscal general no ha se ha avanzado lo suficiente en su independencia respecto al Gobierno.
"Se ha progresado en fortalecer el estatuto del fiscal general, pero no en relación a la separación de la oficina del fiscal general del Gobierno, teniendo en cuenta los estándares europeos de independencia y autonomía de la fiscalía", dice el Ejecutivo comunitario en su análisis.
El acuerdo entre el PP y el PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, en el que medio el Ejecutivo comunitario, supone un paso para atender a las preocupaciones que Bruselas lleva manifestando desde hace más de cinco años. "Se ha hecho un avance significativo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial como una prioridad e iniciado, inmediatamente tras la renovación, un proceso para adaptar el sistema de nombramiento de los jueces, teniendo en cuenta los estándares europeos", dice el documento.
Bruselas lleva esperando la renovación del Consejo General del Poder Judicial desde 2018, ha contextualizado Reynders en rueda de prensa. "Hemos pedido en la recomendación empezar inmediatamente el proceso de reforma. Ayer se tomó la decisión en el Parlamento de dar seis meses al CGPJ para proponer un nuevo modelo de selección de los jueces. Lo que está claro es que hay una plena implementación de la recomendación".
