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Dos empresarios del Real Sitio de San Ildefonso reconocen un fraude de 15 millones de euros en subvenciones del Ministerio de Industria

  • Han reconocido sus delitos para evitar la entrada en la cárcel
  • No destinaban el dinero de esas subvenciones a las materias establecidas
  • Están obligados a pagar 14 millones en multas y 12 en indemnizaciones
Foto: Canva.

Dos empresarios del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia) han reconocido un fraude de 15 millones de euros en subvenciones procedentes del Ministerio de Industria y que no se emplearon para el uso establecido.

Tal y como informa El Norte de Castilla, los dos empresarios son padre e hijo y han llegado a un acuerdo con la Fiscalía Provincial y la Abogacía General del Estado para saldar la deuda mediante un pago en efectivo de un millón de euros (que podrán hacer en un plazo de cinco años) y la liquidación de sus sociedades.

La sentencia impuesta ha sido de dos años de cárcel: ambos han reconocido los delitos para evitar su paso por prisión, y han acordado el pago de la deuda para el cierre del caso en la Audiencia Provincial de Segovia.

En total, las multas suman más de 14 millones de euros y, además, tendrán que pagar unos 12 millones de euros en concepto de indemnizaciones. Ambos ya han pagado unos dos millones de euros y han aportado una vivienda valorada en 100.000 euros como responsabilidad, en un movimiento que ha permitido que se les apliquen atenuantes.

Los dos empresarios fueron acusados de varios delitos de estafa realizados a través de tres empresas y entre los años 2010 y 2016. Durante esos años recibieron préstamos a intereses muy bajos o incluso al cero por ciento para la realización de proyectos industriales relacionados con el sector de la biomasa y en diferentes partes de España que no se realizaron.

Todo lo contrario, sin que mediase ningún proyecto el dinero de las cuentas corrientes fue menguando de forma progresiva. En paralelo, los empresarios aportaron facturas falsas y presentaron pagos manipulados, al mismo que tiempo que prohibieron a funcionarios públicos al acceso a sus instalaciones para que confirmasen el correcto uso del dinero.

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