Valencia
Fumata blanca a las primeras leyes de calado conjuntas de PP y Vox, que de esa forma escenifican sus líneas políticas en común. Les Corts Valencianes han aprobado las tres leyes que presentan conjuntamente PP y Vox, los socios del actual Gobierno valenciano que preside Carlos Mazón.
La más significativa por su repercusión es la de Educación, aunque también tiene una fuerte carga simbólica la de la radiotelevisión pública valenciana, que en el último Gobierno autonómico del PP fue suprimida. La tercera es la ley que regula la Agencia Valenciana Antifraude, uno de los organismos creados por el Gobierno de izquierdas del Botànic después de los casos de corrupción que golpearon a la Comunidad Valenciana en la época previa del PP. Con los votos a favor del PP y Vox y con el rechazo de la oposición, las tres proyectos legislativos han salido adelante tres meses después de que se iniciase su tramitación urgente.
La ley "por la que se regula la libertad educativa" ha sido la primera en aprobarse. Una muestra más de hasta que punto tanto Mazón como Vox habían convertido el tema de la elección de la lengua en los colegios en una cuestión capital en su programa electoral. La nueva norma deroga la ley de Plurilingüismo de 2018, que estableció un mínimo del 25% de enseñanza en cada una de las dos lenguas cooficiales a todo el alumnado además de incluir una parte en inglés, para volver al modelo anterior de las dos líneas, una en castellano y otra en valenciano.
Los dos partidos habían sido muy críticos con el Gobierno predecesor de Ximo Puig y su política lingüística, por lo que una de sus prioridades ha sido esta reforma para los padres tengan el derecho a elegir la lengua en enseñanza de sus hijos, frente a los consejos escolares. Además permitirá al alumnado elegir en cuál de las dos lenguas cooficiales hacer los exámenes y otorgará certificaciones automáticas de valenciano en función del nivel educativo cursado. Para el PSPV y Compromís supone un ataque directo al valenciano y a la educación pública.
Radiotelevisión valenciana
Otra de las controversias tradicionales entre los partidos según están en el Gobierno o en la oposición es el control de los medios públicos de comunicación. Con la nueva ley de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana se cambia denominación del ente actual, que se creará para sustituir a la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) y la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC).
Esta ley, que deroga la de 2016 que permitió la puesta en marcha de À Punt tras el cierre de Canal 9 en la época de Alberto Fabra. Su órgano de gobierno será un consejo de administración, con casi todos sus miembros elegidos por Les Corts, en sustitución del actual consejo rector, que en seis meses debe aprobar la nueva relación de puestos de trabajo de la cadena, donde se han suspendido las oposiciones hasta entonces.
Para el PP, el modelo de radiotelevisión valenciana que se implantó no ha funcionado, mientras que Vox ha afirmado que desde ahora la cadena "se va a expresar en las dos lenguas".
La tercera iniciativa convertida en ley es la que modifica la ley de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana de 2016 para cambiar la mayoría necesaria en la elección del director en caso de bloqueo y para equiparar ese cargo con el de un director general.
Actualmente el organismo está pendiente de renovar a su primer director, tras haber expirado su mandato, con lo que desde la oposición se despiertan los recelos sobre la posibilidad de una colocación a dedo.
Polémica Ley de Concordia
En el horizonte legislativo, también se encuentra la polémica Ley de Concordia que sustituirá a la de Memoria Histórica, otro de los cambios legislativos que une a PP y Vox. Ambos grupos han rechazado este jueves todas las enmiendas parciales presentadas por los grupos de la oposición a la proposición de ley "de concordia", que ha quedado lista para poder ser aprobada definitivamente en el próximo pleno de Les Corts Valencianes.
Esta norma derogará la ley valenciana de memoria democrática de 2017 y la sustituirá por una que abarcará desde 1931 hasta la actualidad, y que incluirá la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura y el terrorismo etarra e islámico. Desde la oposición, han acusado al PP y a Vox de "blanquear el franquismo" con una norma que olvida y revictimiza a las víctimas de este régimen, pone en peligro las exhumaciones no iniciadas y deja fuera a las víctimas de bebés robados, entre otras cuestiones.
El Gobierno central de Pedro Sánchez ya ha anunciado su intención de bloquear y recurrir esta norma en todos los ámbitos, al igual que con otras leyes similares puestas en marcha por otros ejecutivos autonómicos de PP y Vox.
