Galicia
El Gobierno gallego ha acordado en su reunión semanal retomar en el nuevo mandato la tramitación del proyecto de Ley de promoción de los beneficios sociales y económicos de los proyectos que utilizan los recursos naturales de Galicia. Tras frenarse su avance parlamentario con la convocatoria de las elecciones gallegas, la norma volverá ahora al Pazo do Hórreo para continuar con su tramitación.
La Xunta ya había aprobado el pasado 21 de diciembre el proyecto de ley, antes de la publicación del decreto de disolución del Parlamento y de convocatoria de elecciones, que salió en el DOG de 26 de diciembre. Para que fuese retomada en esta legislatura era necesario proceder al paso que ha anunciado este lunes el presidente gallego, Alfonso Rueda.
Rueda ha remarcado que el objetivo de la Administración gallega es contar con una legislación de referencia en el aprovechamiento de los recursos naturales tanto desde el punto de vista de la sostenibilidad -"velando por que se les asignen usos óptimos y con vocación de perdurar en el tiempo- como del retorno social , "poniendo esta riqueza al servicio de los gallegos", dijo.
Ligada con esta firma, ha recordado que en noviembre de 2023 quedó constituida la sociedad mixta que conforman una treintena de empresas y la Xunta encaminada al impulso de proyectos relacionados con la producción de energía, mineros y que requieren concesión de agua. En su día se indicó que hay un calendario programado de desembolso hasta 2027 de 100 millones, de los que la Xunta aportará el 30%.
El Ejecutivo autonómico ha reivindicado que, durante la tramitación de la norma, tras el periodo de audiencia e información pública, así como de la emisión de los distintos informes (incluido el del Consello Económico e Social), se introdujeron una serie de propuestas que "mejoran la claridad y precisión del texto" con el objetivo de aportar una mayor seguridad jurídica.
Estudio socioeconómico
Una de las principales novedades de la norma consiste en la integración de un estudio de impacto socioeconómico en estos proyectos, independientemente de que precisen de evaluación ambiental, valorando beneficios como la creación de empleo, la mejora ambiental en el entorno o la reducción del coste energético a los consumidores locales.
El proyecto también prevé la participación de la Administración en los proyectos mediante sociedades mercantiles privadas; el establecimiento de instrumentos financieros para apoyar las iniciativas, tales cómo préstamos, garantías o incentivos fiscales; y la introducción del canon a la eólica marina, cuyos beneficiarios serán los ayuntamientos afectados y el sector pesquero.
Igualmente, prevé un fondo con aportaciones públicas y privadas para financiar actuaciones de recuperación de las zonas afectadas por incendios; una regulación específica para facilitar el autoconsumo en las áreas empresariales; la creación de un mercado voluntario de créditos de carbono y un plan de valorización integral de residuos con alto potencial de biometanización. Además, facilita el impulso de infraestructuras relacionadas con la movilidad eléctrica.
Esta normativa también aspira a contribuir a dinamizar el medio rural, pues la localización de proyectos empresariales de interés común que repercutan de manera positiva en el territorio contribuirá a combatir la despoblación, la degradación de los espacios naturales y permitirá luchar contra los efectos del cambio climático.
