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Galicia cifra en 725 millones el déficit que causa el Gobierno al no actualizar las entregas a cuenta

  • Sólo en los primeros dos meses del año, el déficit ocasionado por esta falta de actualización se ha situado en los 121 millones, lo que supone un importe mensual acumulado de 60,5.
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La Xunta de Galicia ha cifrado en unos 725 millones de euros el déficit que provoca la falta de actualización de las entregas a cuenta por parte del Gobierno estatal con su renuncia a aprobar presupuestos generales del Estado (PGE) tras el adelanto electoral en Cataluña.

Una vez terminda la reunión del Consello de la Xunta, el titular de Facenda en funciones, Miguel Corgos, ha dado cuenta del informe elaborado por el Ejecutivo gallego en el que analiza las consecuencias para la comunidad de la no aprobación de las cuentas estatales.

En su intervención, Corgos ha sostenido que, solo en los primeros dos meses del año, el déficit ocasionado por esta falta de actualización de las entregas a cuenta se ha situado en los 121 millones de euros, toda vez que supone un importe mensual acumulado de 60,5 millones.

Corgos apela, así, al Gobierno central a actualizar cuanto antes las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica ya que en este momento las CC.AA. reciben los mismos importes que en el año 2023 y no los comunicados por el Ministerio el pasado mes de diciembro durante la celebración del último Consejo de Política Fiscal y Financeira (CPFF).

Esta actualización tiene que realizarse teniendo en cuenta la nueva previsión de ingresos de las entregas a cuenta y de las liquidaciones comunicadas en el último CPFF, que al mismo tiempo debería corregirse para incluír el impacto de las medidas prorrogadas por el Goberno para luchar contra la crisis de precios.

Principales repercusiones

Según se desprende del informe, la prórroga anunciada por el Gobierno central podría afectar a áreas relacionadas con la sanidad, la dependencia, las infraestructuras, o pago a proveedores o mismo a las retribuciones del personal empleado público, entre otros.

También afectará a los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública de las Administraciones territoriales en el año en que las reglas fiscales se recuperan al tempo que se generará un superávit para la Administración central xa que se beneficia del incremento en la recaudación tributaria previsto para este año 2024 y que no se distribuye entre las comunidades y las corporaciones locales mientras no se actualicen las entregas a cuenta.

En cuanto a las retribuciones de los empleados públicos, la incapacidad del Ejecutivo central de impulsar los presupuestos generales congela las retribuciones de los trabajadores al servicio del sector público y en contra de los propios acuerdos que el Goberno firmó con los sindicatos en un contexto de alta inflación.

Estos acordos fijaban para este año un incremento retributivo fijo del 2% sobre las retribuciones vigentes a diciembre de 2023 que debe ser habilitado por la normativa básica del Estado para que se pueda incluir en las nóminas de los empleados públicos de la comunidad gallega. Esta situación supone que el personal empleado público verá incrementada su nómina con un retraso de cinco o seis meses.

Peor presupuesto de la historia

Estes efectos negativos de a prórroga de los PGE podrán estenderse a los proveedores del sector privado que podrían verse afectados por la falta o retraso en los pagos por parte de las administraciones que no pueden contar con los recursos de estar en una situación de ciclo presupuestario normal.

Por su parte, el presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, ha vuelto a criticar que el Ejecutivo estatal renunciase a aprobar los PGE por la convocatoria de las elecciones catalanas, una decisión que conlleva consecuencias para las comunidades autónomas y "ninguna beneficiosa", dijo.

El presidente en funiones ha asegurado que esta decisión del Gobierno supondrá que se "vaya a prorrogar el que hasta ahora es el peor presupuesto del Estado que Galicia tuvo en muchos años" y también repercutirá en servicios esenciales como la sanidad, las infraestructuras y el pago a proveedores.

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