Galicia
Según un informe del Consejo General del Poder Judicial, se solicitaron en la comunidad gallega un total de 1.829 concursos, de los que 1.442 corresponden a particulares con deudas. Este tipo de herramientas se incrementó en ese periodo un 106,3 %, mientras que los de las empresas descendieron un 4,7 %, pues sumaron 262. Los de personas naturales empresarias también bajaron (un 30,2 %), pues se presentaron 125, frente a los 179 de 2022.
De esta forma, los juzgados gallegos realizaron el pasado año 1.171 lanzamientos, un 24,6% menos que en 2022 y, de ellos, 963, el 82,25 fueron consecuencia de procedimientos derivados del impagos del alquiler, que descendieron un 22,3%. Otros 164 correspondieron a ejecuciones hipotecarias -un 40,8 % menos que en 2022- y, los 44 restantes, derivaron de otras causas.
En Galicia se practicaron, por cada 100.000 habitantes, 35,7 lanzamientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), frente a los 40,9 de media estatal. Además, por cada 100.000 habitantes realizaron 6,1 ocasionados por ejecuciones hipotecarias. En el Estado, los lanzamientos realizados entre enero y diciembre de 2023 disminuyeron un 30,3 % respecto a las mismas fechas de 2022, según el CGPJ.
En cuanto al número de ejecuciones hipotecarias que iniciaron el año pasado año en la comunidad aumentaron un 5,2 % con respecto a 2022. Se presentaron 771 procedimientos que permiten exigir el pago de las deudas garantizadas por prenda o hipoteca al acreedor, frente a los 733 del año anterior.
Además, entre enero y diciembre de 2023, los juzgados ingresaron 6.766 acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física (cláusulas suelo), lo que supuso un aumento interanual de un 39,6 %. Además, se dictaron 5.570 sentencias, un 12,8 % menos.
Ocupación ilegal
Asimismo, el estudio refleja que los juzgados de Galicia ingresaron 97 demandas por ocupación ilegal de viviendas en casos en los que los propietarios son personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social, un 4 % menos que en 2022. Con todo, poniendo en relación el número de procedimientos ingresados con la población, en Galicia se registraron 3,6 por cada 100.000 habitantes, mientras que la media estatal se situó en 4,7.
El pasado año, los juzgados de lo social registraron 5.747 demandas por despido, lo que muestra un aumento del 12 % respecto a las presentadas el año anterior. El número de demandas por reclamaciones de cantidad interpuestas en los juzgados de lo Social, 9.507, fue un 23,3 % superior al registrado en 2022.
En otro orden de cosas, respecto a los ERE en 2023 se presentaron 36, frente a los 26 del mismo periodo del año anterior. El estudio también muestra un aumento de los procedimientos monitorios presentados en 2023 en los juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
En Galicia se interpusieron 51.566, frente a los 45.308 del año anterior, lo que supuso un incremento interanual del 13,8 %. Este procedimiento sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluye las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.