Zodiacs contra lanchas de 12 metros de eslora. La muerte de dos guardias civiles tras ser arrollados por una narcolancha en Barbate ha puesto en tela de juicio los medios con los que cuenta la Benemérita para luchar contra el narcotráfico en la costa andaluza. Numerosas asociaciones y sindicatos policiales, así como diferentes partidos políticos, se han lanzado contra el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y han pedido su dimisión "inmediata" por el desmantelamiento en 2022 de la unidad de élite contra el narcotráfico de la Guardia Civil. Pero, ¿realmente desapareció?
El conocido como Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar fue aprobado por el Ministerio del Interior en julio de 2018 para atajar el "notable y progresivo" deterioro de la seguridad ciudadana detectado en la comarca como consecuencia de la actuación de organizaciones delictivas dedicadas al contrabando y el narcotráfico. Fue la primera gran medida de Grande-Marlaska al frente de su Ministerio.
Con la expansión del 'narco', este plan fue prorrogado para los años 2020 y 2021 y ampliando su ámbito de actuación a las provincias de Cádiz, Huelva y Málaga. Ya en el III Plan Especial de Seguridad (2022) se incoporaron las provincias de Almería, Granada y Sevilla tras detectarse que las organizaciones criminales habían diversificado sus actividades hacia otros ámbitos y modificado su territorio de operaciones. El presupesto destinado en esta ocasión ya ascendía a 35.346.400 euros.
A finales de 2023, Interior anunció una nueva prórroga del plan por otros dos años más, hasta finales de 2025, que tendrá una dotación de 36,9 millones de euros para financiar el incremento de las plantillas policiales y mejorar la inversión en medios materiales, y de apoyo a las actividades de investigación e inteligencia policial.
Según datos del ministerio, desde julio de 2018 y hasta el 31 de agosto de 2023, el despliegue policial diseñado en el Plan de Seguridad del Campo de Gibraltar ha permitido la detención de 17.635 sospechosos de actividades relacionadas con el narcotráfico y el contrabando, en su mayoría gracias a las 19.063 operaciones desatadas por las Fuerzas de Seguridad (de las que 15.446 ya están judicializadas), que han permitido la incautación de 1.387.832? kilogramos de hachís, 87.786 de cocaína y 104.018 de marihuana y otras sustancias. También se han intervenido 7.190 medios de transporte de estas bandas, de los que 1.421 eran embarcaciones como la narcolancha que arrolló a los dos agentes en Barbate.
Un órgano "temporal"
En resumen, en cinco años, el Ministerio del Interior ha invertido en este plan más de 79 millones de euros: 39 millones en el crecimiento de las plantillas policiales y los refuerzos operativos y 40 millones en el refuerzo de las capacidades operativas y de inteligencia y los medios materiales y tecnológicos de Policía Nacional y Guardia Civil.
En lo relativo a las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil que forman parte del IV Plan de Seguridad del Campo de Gibraltar, la instrucción fija como objetivo que se consiga una ocupación efectiva del 100% del catálogo de puestos de trabajo. En la actualidad, esa ocupación supera el 90%, después de haber crecido en torno a un 20% desde 2018. En concreto, Interior remarca que ya son más de 25.000 agentes los que se encuentran trabajando en la actualidad, una cifra "histórica" para la comarca, donde hay 3.690 policías más que en 2018.
Y es en este aspecto donde entra en juego el denominado Órgano de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico (OCON-SUR) de la Guardia Civil, que desde 2018 ha estado formado por un total de 150 agentes destinados a este territorio de manera "temporal". Según informó en su momento el ministerio del Interior, durante el último trimestre de 2022 los equipos del OCON-SUR se fueron integrando en las estructuras orgánicas y permanentes de las distintas comandancias del territorio, "de modo que la estructura operativa de investigación que nació con carácter temporal se consolidó para garantizar su adecuada permanencia en el tiempo".
Desde el fallecimiento de los dos guardias civiles en Barbate arrollados por la narcolancha, muchas han sido las voces que han señalado que el Ministerio del Interior desmanteló en 2022 el OCON-Sur dejando a la costa andaluza sin medios para hacer frente a los narcotraficantes. Incluso, este mismo martes, el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha incidido en que el ministerio no les comunicó la desaparición de la unidad.
En este sentido, fuentes de Interior han respondido a las críticas recordando que en el plano operativo, tanto la Policía como la Guardia Civil pueden organizarse como estimen oportuno para conseguir la "máxima eficacia". Por tanto, "no se ha desactivado ningún organismo de coordinación desde que se inició el plan", han señalado estas fuentes a Europa Press, aludiendo a los 150 agentes que fueron comisionados de forma "temporal" al OCON-Sur con la llegada de Grande-Marlaska al Ministerio, y que luego "disolvió para integrarlos en las unidades territoriales de Policía Judicial en el ámbito de aplicación del plan".
"No desaparece, es una reestructuración"
Por otro lado, el propio Gobierno destacó hace unas semanas que el OCON-Sur no ha desaparecido, sino que ha afrontado una "transformación" y ahora es una estructura "permanente". Así consta en una respuesta por escrito que envió al Congreso, donde el PP preguntó por la disolución de la unidad antidroga.
En concreto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez respondió el pasado 9 de enero al PP del Congreso tras preguntar si la disminución de las incautaciones de droga a las que se refería la Fiscalía en su Memoria de 2022 tenían que ver con el final del OCON-Sur. "No desaparece. Se trata de una reestructuración o transformación, donde los 150 efectivos que conformaban una unidad extraordinaria y temporal, ahora se configuran como algo ya estructurado y permanente", explicaron.
En su escrito, el Gobierno sentenció que los "efectivos, bases operativas y recursos" de esta unidad de la Benemérita "se integran en las estructuras orgánicas permanentes de las unidades de Policía Judicial de las Comandancias (UOPJ), reforzándolas de manera indefinida; mientras que el Crain (Centro Regional de Análisis e Inteligencia), nivel regional, asumirá las funciones de coordinación operativa".
