Galicia
El que fuera presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS), Francisco Fernández Liñares, deberá entrar en prisión en una cárcel de Lugo a lo largo de la próxima semana, para cumplir la condena de cuatro años y medio de cárcel a los que fue condenado por el Tribunal Supremo por delitos continuados de cohecho y prevaricación mientras presidió la entidad.
El también exconcejal socialista en Lugo, recibió en días pasados una notificación de la Audiencia Provincial de Lugo en la que se le da un plazo de 10 días para ingresar de forma voluntaria en un centro penitenciario de la provincia. El plazo abarca la próxima semana.
El Supremo emitió el verano pasado una sentencia en relación al caso de Fernández Liñares en la que rebajaba la pena de prisión dictada dos años antes por la Audiencia de Lugo. Con ello, ahora deberá cumplir cuatro años y medio de cárcel, menos los meses que ya estuvo en prisión provisional.
El fallo está relacionado con la adjudicación de obras a empresarios con los que se había puesto de acuerdo a cambio de dinero o de prestaciones de trabajo en sus propiedades. Se corresponde, además, con la primera pieza separada de la macro causa 'Operación Pokémon', instruida por Pilar de Lara.
En síntesis, determina el TS, los hechos probados recogen que el condenado contravino lo establecido en la Ley del Sector Público que obliga a los órganos de contratación a velar por que todos los licitadores reciban igual trato y a no facilitar, de forma discriminatoria, información que pueda dar ventajas a determinados licitadores con respecto al resto.
Para ello, utilizó el procedimiento de adjudicación negociado, que, según la Ley de Contratos del Sector Público, permite contratar obras cuyo valor estimado sea inferior a un millón de euros y que impone la obligación de solicitar ofertas al menos a tres empresas.
Grua municipal
El exconcejal continúa pendiente de un último juicio, el de la pieza original de la macrocausa. En los próximos meses, se celebrará en la Audiencia Provincial de Lugo un pleito que ya tiene un acuerdo. Esta pieza juzga la concesión del servicio de la grúa municipal de Lugo a la empresa Cechalva, la cual habría sobornado a Francisco Fernández Liñares, entonces concejal de Urbanismo en Lugo, para obtener esta adjudicación.
El político, que ya carga con diversas condenas por corrupción que suman 5 años y diez meses, aceptará en el juicio una nueva pena de dos años y medio de prisión, 105.000 euros de multa y 9 años de inhabilitación para ejercer un cargo público. Se le considera autor de un delito de violación de secretos por funcionario público, otro de cohecho cometido por funcionario público, otro de prevaricación y un último de blanqueo de capitales.
