Una "gran negligencia" por parte del capitán. Así ha calificado este martes el abogado de la familia del soldado Carlos León Rico, el incidente en el que el joven de 24 años falleció ahogado junto a un compañero mientras realizaban un ejercicio acuático durante unas maniobras en la base militar cordobesa de Cerro Muriano, sede de la Brigada 'Guzmán el Bueno' X.
Luis Romero, abogado de la familia de la víctima, ha explicado durante una rueda de prensa que una vez declare en sede judicial el capitán responsable del ejercicio, de apellido Zúñiga, solicitará como medida cautelar su ingreso en prisión provisional, a cuenta de su "gran negligencia" y por haber "puesto en riesgo" las vidas de los efectivos que participaban en la maniobra.
Luis Romero ha indicado que las esas pesquisas iniciales del caso tras las comparecencias de los testigos se desprende que a la hora de realizar el citado ejercicio de cruce del lago, el agua "estaba turbia" y a una temperatura de "cero grados o menos", había "mucho fango" y escasa visibilidad. Además, según relata el abogado, "no había una línea de vida", sino sólo una "cuerda guía"; "sin médicos alrededor", ni ambulancia, ni "un plan de riesgo" ni medidas de seguridad, extremos todos ellos que ha achacado al capitán Zúñiga y que ha tachado de "negligencia".
Con estas condiciones y por mor del capitán, al menos 15 soldados se adentraron en el lago portando el casco, el fusil reglamentario, la mochila de más de ocho kilos y algunos de ellos, como el soldado fallecido, llevaban una "pesa de castigo" de 3,5 kilos añadida a su macuto que simulaba "una mina".
Este "castigo", según el letrado Luis Romero, fue decidido "por el capitán y los mandos" los días previos al ejercicio, exponiendo que el informe de la Guardia Civil determinaría que el soldado Carlos León arrastraba más de 12 kilos entre su mochila, "que no era estanca y que no flotaba"; y la citada mina simulada.
En ese marco en el que el capitán "conocía los riesgos" que afrontaban los efectivos al someterse a dicho ejercicio, este mando habría llegado a "prohibir" a sus hombres agarrarse a la citada cuerda de "guía", avisando de que sólo podrían hacerlo "en caso de vida o muerte"; pues debían avanzar en el agua "pateando", si bien se "hundían" a consecuencia de las circunstancias en las que se desarrollaba la maniobra.
La situación habría llegado a tal, según el relato del abogado, expuesto merced a los testimonios de varios de los soldados que han testificado y el informe de la Guardia Civil, que finalmente varios de los 15 efectivos que estaban en el agua, "congelados" de frío, agarraron la cuerda, motivando que la propia cuerda se hundiese. Aquello, según sus palabras, se tornó en un "sálvese quien pueda".
Instruidos "para casos de guerra"
El "culmen", según ha asegurado el abogado, fue cuando el capitán llegó supuestamente a "dar la orden de soltar la cuerda", que estaba sujeta a dos árboles situados a cada uno de los extremos del lago, presumiblemente con la idea de usarla para arrastrar a los soldados hasta tierra, extremo que no habría dado resultado por "mucho que tiraron de ella"; y que "redujo la capacidad de salvaguarda" de los militares. "Los testigos dicen que todo era un descontrol", ha aseverado el abogado señalando el contenido de las pesquisas.
En ese sentido, ha advertido de que "la tragedia podría haber sido mucho mayor" en el caso de que hubiesen entrado también el agua los restantes 60 efectivos que esperaban para participar en la maniobra; recriminando al capitán "esa falta de prevención y la puesta en riesgo" de las vidas de los soldados, porque el ejercicio fue llevado a cabo pese a todas estas circunstancias, "porque él quería, para instruirles para caso de guerra", cuando España no afronta esa situación.
Las acciones judiciales de la familia, como ha recordado, se dirigen contra el capitán Zúñiga y contra el resto de la "cadena de mando", aludiendo al teniente coronel, el coronel y el general de Brigada, cuya condición de investigados ha reclamado. Igualmente, ha señalado que los padres del soldado fallecido solicitan que el Ministerio de Defensa sea incluido en la causa como responsable civil subsidiario.
La familia se opone a la Justicia Militar
Por su parte, el abogado ha manifestado que la familia del joven fallecido se opone a que el caso sea instruido por la Justicia Militar.
En un marco en el que el Juzgado Togado Militar Territorial número 21, con sede en Sevilla, ha pedido al Juzgado de Instrucción número cuatro de Córdoba que se inhiba a su favor para que dicha instancia militar instruya el asunto, aceptando el juzgado dicha petición, según ha avanzado ABC y ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA); el letrado Luis Romero ha expresado la "oposición" de la acusación particular que ejerce a dicha medida, apostando por que el asunto sea investigado por el Juzgado de Instrucción número cuatro.
Y es que según ha precisado, la representación que ostenta, en la ampliación de su denuncia inicial, aprecia un supuesto delito de homicidio por dolo eventual, "no homicidio imprudente", una tipificación que no contemplaría la Justicia Militar, que en su tipo más asociable recogería además penas de apenas unos años de cárcel, inferiores a las de entre diez y 15 años de prisión previstas por el Código Penal para los homicidios por dolo eventual, según ha dicho.
Por eso, el abogado ha asegurado que recurrirá la citada decisión del Juzgado de Instrucción número cuatro de Córdoba de inhibirse en favor del Juzgado Togado Militar Territorial número 21.
