Bruselas
Bruselas adopta medidas para reforzar la seguridad y controlar las posibles ingerencias extranjeras de cara a las elecciones europeas de la próxima primavera. La Comisión Europea ha presentado este martes un paquete legislativo que establecerá un registro en el que los representantes de países de fuera de la UE deberán inscribir sus actividades en el bloque.
"Sería ingenuo pensar que la democracia no necesita ninguna protección. Hoy es al contrario. No podemos permitir que ningún autócrata, ni tampoco Putin interfiera en nuestro proceso democrático", ha señalado la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova.
La propuesta de Bruselas busca aumentar la transparencia y la rendición de cuentas de los servicios de representación financiados por terceros países de fuera de la UE, que buscan influenciar las políticas y la toma de decisiones de la UE. El paquete legislativo incluye dos recomendaciones para garantizar unas elecciones libres y resilientes.
Con el objetivo de atajar los desafíos que puedan representar las interferencias extranjeras, el Ejecutivo comunitario propone establecer una serie de requisitos, como inscribirse en un registro de transparencia
Lo que propone la Comisión Europea es que las entidades que realicen actividades de representación de intereses de un país extracomunitario país deberá inscribirse en un registro de transparencia. Además, se pedirá a los Estados miembro que creen o adapten sus registros nacionales para cumplir con este requisito.
Otra de las patas de la propuesta establece que se harán públicas las actividades de representación que se hayan llevado a cabo, por ejemplo, los importes anuales recibidos, los terceros países afectados y los principales objetivos de las actividades.
Además, las entidades que lleven a cabo actividades de representación de intereses en nombre de un tercer país deberán mantener registros de las mismas. En estos registros deberán aportar la información clave de esta actividad durante cuatro años desde que terminó la actividad
"Cuando las actividades de influencia se hacen ocultamente pueden influir en procesos democráticos"; ha indicado Jourova. No se trata, sin embargo, de prohibir ninguna actividad, sino que la propuesta busca "transparencia sobre quién financia y con qué fines". No hay prohibición de ninguna actividad, tampoco etiquetas discriminatorias, sino que se busca establecer una norma democrática sin restringir ninguna actividad.
La normativa contempla sanciones administrativas, del 1% de la facturación anual en caso de entidades y de 1.000 euros en caso de personas físicas. Las medidas disciplinarias previstas a nivel de institución no están incluidas en la directiva.
La normativa establece una seria de reglas para evitar que se utilice esta legislación para limitar los derechos fundamentales como la libertad de expresión. Se dará más poder a las autoridades de supervisión independientes para solicitar los registros en casos justificados y se podrán fijar excepciones a hacer pública la información en caso necesario.
Ahora, la Comisión Europea espera contar con el compromiso del Parlamento Europeo y del Consejo para avanzar en la adopción de estas medidas, así como de los agentes nacionales implicados, públicos y privados.
