Bruselas
El acuerdo zanjado la pasada semana entre el PSOE y Junts en Bruselas, que incluye la ley de la amnistía y que posibilitará la investidura de líder socialista, Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno ha suscitado una oleada de reacciones. La última de ellas llega desde el Partido Popular europeo, que ha anunciado este lunes su intención de llevar la ley de amnistía al debate del próximo pleno del Parlamento Europeo, entre el 20 y el 23 de noviembre en Estrasburgo.
"Las disposiciones del pacto de amnistía que han firmado amenazan con vulnerar la separación de poderes y socavar la independencia judicial", han señalado en un comunicado el líder de los populares europeos, Manfred Weber y la vicepresidenta del Grupo PPE y jefa de la Delegación española, Dolors Montserrat.
Los populares europeos quieren llevar al pleno de Estrasburgo un debate que parte de la idea de que el Estado de Derecho no es negociable en la UE y no puede "ser sacrificado para ganar los votos necesarios para formar una mayoría de gobierno". Es así que Weber se ha mostrado "extremadamente preocupado por el deterioro del Estado de Derecho en España", tras el acuerdo suscrito la semana pasada entre socialistas y Junts y que incluye la amnistía.
El PSOE pretende que sea este lunes, 13 de noviembre, cuando se registre la ley de amnistía. Una legislación que, según los populares europeos, "propone desechar todas las condenas por delitos cometidos por un grupo de personas -desde desórdenes públicos y corrupción hasta rebelión e incluso terrorismo- entre 2012 y 2023".
La formación popular ha señalado que el pacto incluye casos de "lawfare", lo que abriría la puerta a la injerencia del poder judicial por parte del legislativo", tal como han advertido las asociaciones de jueces y fiscales. Una conjunción que supone "una grave amenaza a la independencia judicial en España", aseguran.
El Partido popular europeo se hace eco de las advertencias de las asociaciones judiciales, así como de los representantes empresariales para pedir "seriedad". Compara Weber el caso con el de Polonia, país bajo la lupa de Bruselas por no cumplir con las garantías del Estado de Derecho en materia judicial, y añade que las disposiciones de "lawfare son totalmente inaceptables".
Es así que Monserrat ha confiado en las instituciones comunitarias como "espacio de democracia y libertad para detener este pacto", que según afirma, "rompe el Estado de Derecho y la igualdad de los ciudadanos en España".
El debate tiene todos los visos de llegar a introducirse en la agenda de la Eurocámara de la próxima semana. Por lo pronto, Bruselas no se ha posicionado de forma clara sobre la anunciada ley de amnistía. Es cierto que el comisario de Justicia, Didier Reynders, en una carta al Gobierno español solicitó información "más detallada" sobre el alcance personal, material y temporal de esta ley. Ante lo que el ministro de presidencia, Félix Bolaño, se remitió al proceso en el parlamento y dejó tales detalles en caso de que llegue a registrarse en el Congreso.
