Galicia
El pleno de la Cámara gallega ha aprobado la nueva ley del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia que actualiza la regulación existente del 2011 y, entre otras cuestiones, agiliza las herencias en favor de la Administración autonómica.
El texto legal, que ha incorporado varias enmiendas de la oposición, ha salido adelante con el voto a favor del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Socialista, mientras que el BNG se ha posicionado en contra al advertir que abre la puerta a "otorgar concesiones sobre bienes públicos a dedo", tal y como ha manifestado el parlamentario nacionalista Iago Tabarés.
La diputada popular Marisol Díaz Mouteira ha destacado que se trata de una nueva ley compleja y con carácter eminentemente técnico que trata de facilitar y actualizar la normativa que regula el patrimonio de la Xunta bajo la premisa de conseguir una mejor prestación de servicios.
Entre las novedades que incorpora la norma se introduce un procedimiento administrativo especial para que, en el supuesto de ausencia de otros herederos legítimos, se declare como heredera 'ab intestato' a la Administración General del Estado o aquellas comunidades con derecho floral o especial propio en la materia.
Asimismo, introduce, dentro de una sección específica y en consonancia con la Ley recuperación de la tierra agraria, la regulación de los denominados inmuebles vacantes y sin dueño conocido, así como los saldos y depósitos abandonados.
Otra de las incorporaciones es la regulación del tráfico jurídico público de los bienes demaniales (aquellos que tienen un uso general o de servicio público),con la posibilidad de realizar transmisiones sin desafectación previa.
Críticas
El texto legal ha contado con el apoyo del Grupo Socialista, cuya diputada Begoña Rodríguez ha recordado que esta norma adapta la ley gallega en la materia que data del 2011 a la normativa estatal aprobada en 2015.
El diputado nacionalista Iago Tabarés ha sostenido que este texto es un "ejemplo de la gestión de la Xunta" y su ausencia de voluntad de establecer una regulación propia acorde con la realidad gallega al limitarse a hacer una simple trasposición de la norma estatal pero profundizando en la discrecionalidad, lo que puede permitir arbitrariedad y riesgo de corrupción.