Mérida
El Tribunal Constitucional (TC) celebra desde ayer martes 26 de septiembre un nuevo Pleno donde estudiará las impugnaciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez al decreto por el que se establecen medidas urgentes para la regulación del aprovechamiento de los recursos minerales de litio en Extremadura.
Este decreto ley que aprobó el gobierno del socialista Guillermo Fernández Vara, tenían un objetivo, blindar la transformación del litio a Extremadura e impedir el expolio que siempre ha sufrido la región sobre sus materias primas.
Con esta nueva ley, se declara de interés general el aprovechamiento de los recursos minerales de litio, existente o potencial, en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura .
La declaración de interés general permitirá que el otorgamiento de cualquier concesión de explotación de los recursos minerales de litio en Extremadura estará vinculado y condicionado al cumplimiento de la obligación de que el tratamiento y beneficio metalúrgico y mineralúrgico de los recursos de este mineral se realicen necesariamente en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, según destacaba la anterior consejera de Transición Ecológica, Olga García.
Ante este decreto ley, El Consejo de Ministros aprobó interponer un recurso de inconstitucionalidad por el que se establecen medidas urgentes necesarias en la regulación del aprovechamiento de recursos minerales de litio en Extremadura.
Los fundamentos jurídicos giran en torno a que se considera inconstitucional establecer la obligación de que el tratamiento y beneficio metalúrgico del litio extraído en Extremadura se realice sólo en esta Comunidad Autónoma.
Los fundamentos jurídicos que desgrana el Gobierno para interponer este recurso es la incompatibilidad con la configuración constitucional del dominio natural minero.
Por su parte, el ejecutivo de Guillermo Fernández Vara afirmó que la Ley de Minas vigente en la actualidad es de la época de la dictadura Franquista, por lo que se debería de revisar y ceder competencias a las Comunidades Autónomas para la transformación de sus materias primas.
Este debate llega esta semana al pleno del Tribunal Consitucional, donde se estimará o no el recurso interpuesto por el Gobierno Nacional, y su sentencia dirá si la ley extremeña es o no es legal, un pleno que terminará el 2 de octubre.
